Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
DOMINGO 25
de octubre de 2026
Derecho
DERECHO
Juzgado de La Libertad obtiene primer puesto en Concurso Nacional de Gestión Inclusiva 2026
La citada medida judicial fue implementada por el Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Virú, convirtiendo la protección de una adolescente en símbolo de una justicia más cercana, cálida y verdaderamente humana.
El certamen fue organizado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), con el objetivo de reconocer, visibilizar y promover la réplica de iniciativas que favorecen el desarrollo integral y el bienestar de las personas con discapacidad en el Perú.
La buena práctica, presentada por la magistrada Tania Bocanegra Risco, consistió en brindar medidas de protección integrales a una adolescente en situación de vulnerabilidad múltiple, mediante la identificación de sus necesidades y la articulación con diversas instituciones públicas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
El reconocimiento, otorgado en la categoría “Acceso a la justicia”, destacó el trabajo del juzgado para atender tanto la situación de violencia familiar como las barreras que impedían a la adolescente acceder a servicios esenciales para su bienestar y desarrollo.
Atención integral
La intervención judicial permitió identificar que la adolescente, además de afrontar una situación de violencia, encontraba dificultades para continuar sus estudios, acceder a los medicamentos que necesitaba debido a su discapacidad y obtener el documento de identificación correspondiente del Conadis.
Ante esta situación, el juzgado dictó medidas de protección conforme a la Ley N.º 30364, entre ellas la prohibición de que el presunto agresor generara nuevas situaciones de violencia, el otorgamiento de una asignación económica de emergencia y una asignación anticipada de alimentos.
Asimismo, se coordinó con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Virú para que la adolescente pudiera continuar con su formación escolar y culminar sus estudios secundarios.
De igual manera, se articuló con un centro de salud, el Conadis, el Centro Emergencia Mujer y la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) para facilitar el acceso de la adolescente a los medicamentos necesarios y gestionar la evaluación de su discapacidad y la certificación correspondiente.
Resultados concretos
Como resultado de esta intervención judicial, la adolescente culminó sus estudios secundarios, accedió a los medicamentos que necesitaba y obtuvo el carné del Conadis, lo que le permitió superar barreras que dificultaban el ejercicio de sus derechos.
Además, el juzgado realiza un seguimiento continuo del cumplimiento de las medidas de protección y de las obligaciones alimentarias dispuestas, con el propósito de garantizar que las decisiones judiciales se traduzcan en resultados concretos.
Esta experiencia evidencia la importancia de que la labor jurisdiccional no se limite a emitir resoluciones, sino que incluya la supervisión de su cumplimiento y la coordinación oportuna con las entidades responsables de brindar los servicios que requieren las personas en situación de vulnerabilidad.
Justicia más cerca
La magistrada Bocanegra Risco explicó que la intervención activa de los órganos jurisdiccionales permite identificar situaciones de violencia estructural, que se manifiestan cuando las barreras institucionales impiden a las víctimas ejercer sus derechos.
En ese sentido, destacó la importancia de articular las decisiones judiciales con las políticas públicas y establecer mecanismos de coordinación con municipalidades, centros educativos, establecimientos de salud y otras instituciones, especialmente en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
El mencionado juzgado también impulsa otras iniciativas para garantizar el acceso a la justicia, entre las que figura el protocolo denominado “Enlace Judicial”, que promueve la coordinación inmediata con jueces de otras especialidades e instituciones públicas para atender las necesidades de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.
Así, tras identificar las barreras de comunicación que afrontaba un adolescente con discapacidad auditiva, coordinó con la municipalidad, a través de la OMAPED, la implementación del primer curso gratuito de lengua de señas para personas con discapacidad en la provincia de Virú, región La Libertad.
La iniciativa permitió incorporar al adolescente, a su madre y al psicólogo que estaría a cargo de su atención, con el propósito de facilitar la comunicación y garantizar una atención adecuada a sus necesidades.
Lea también en el Diario Oficial El Peruano:
?? ¡Atención! La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (@sbn_peru) anuncia subasta pública de 28 terrenos estatales en Lima, Áncash y Moquegua https://t.co/iqELV3mIuC https://t.co/KcaTSIF3we
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia