Editorial
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
“La protección exige articular ayudas económicas, políticas de envejecimiento digno y gestión del riesgo de desastres para anticipar emergencias y atender las necesidades de las personas mayores”.
El anuncio constituye una respuesta económica para los jubilados, pero también evidencia el desafío de fortalecer la protección de las personas adultas mayores frente a los riesgos climáticos. La atención debe priorizar a quienes viven solos, tienen discapacidad o dependencia, carecen de redes familiares o residen en zonas expuestas a inundaciones, lluvias intensas y huaicos.
La protección de esta población exige articular las ayudas económicas con las políticas de envejecimiento digno y la gestión del riesgo de desastres. El objetivo es anticipar emergencias y atender las necesidades de las personas mayores sin limitar la intervención estatal a entregar recursos monetarios.
El país cuenta con instrumentos para avanzar en ese propósito. La Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 006-2021-MIMP, contempla el cuidado y buen trato, el envejecimiento saludable, las prestaciones previsionales, la educación y la participación social. Asimismo, incorpora la gestión del riesgo de desastres con enfoque territorial. A su vez, la Ley N.º 30490 y su reglamento establecen el marco de protección de los derechos, la dignidad, la autonomía y la integración de esta población.
También existen mecanismos y programas que pueden contribuir a una respuesta articulada. Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), gestionados por las municipalidades, permiten identificar necesidades y vincular servicios locales. El programa Pensión 65 brinda una subvención económica a personas mayores de 65 años en pobreza extrema. Por su parte, la atención integral de salud resulta fundamental para responder a las necesidades sanitarias de esta población, especialmente durante las emergencias.
La prevención debe complementar estos esfuerzos. El Indeci promueve planes familiares de emergencia, alerta temprana y simulacros. Incorporar las necesidades de las personas mayores en estas medidas es prioritario, al igual que fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, regional y local.
El bono anunciado representa una ayuda excepcional. El Estado entiende que el desafío consiste en complementarlo con acciones preventivas y servicios oportunos, priorizando a quienes enfrentan mayores riesgos, y es la razón de este esfuerzo económico en el país. Proteger a las personas adultas mayores ante El Niño es una responsabilidad que exige convertir las políticas existentes en una respuesta coordinada, con enfoque territorial y respeto a su dignidad y autonomía.