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  • de octubre de 2026

Política

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POSTURA GREMIAL SOBRE MEGAOPERATIVO

CCL destaca intervención del Gobierno contra la criminalidad organizada desde los penales

Reconoce el liderazgo y la determinación de la presidenta Fujimori.

"Esta es una decisión que merece ser reconocida y respaldada. El Estado no puede permitir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de operación de organizaciones criminales que amenazan, extorsionan y atemorizan a miles de peruanos", refirió la CCL.


Refirió que la extorsión y el crimen organizado no solo destruyen la tranquilidad de las familias, sino también golpean directamente a comerciantes, emprendedores, transportistas y empresarios, poniendo en riesgo sus negocios, el empleo y las oportunidades de crecimiento del país.

La CCL reconoció el liderazgo y la determinación de la presidenta Fujimori y de su gobierno para enfrentar esta situación con acciones concretas. 

Recuperar el principio de autoridad, cerrar los espacios de operación de la delincuencia y garantizar que las

cárceles dejen de servir a intereses criminales son pasos fundamentales que deben mantenerse y profundizarse, anotó.


En esa misma línea, la Cámara de Comercio de Lima propuso evaluar la privatización de los servicios de control de ingreso y salida de personas y bienes de los establecimientos penitenciarios mediante operadores especializados, tecnología de inspección y mecanismos de supervisión permanente del INPE. 

Esta medida complementaria permitiría fortalecer la seguridad y prevenir el ingreso de celulares, armas y otros objetos prohibidos que continúan siendo encontrados durante las requisas, aseveró.

"El Perú necesita recuperar su seguridad, y decisiones firmes como esta, acompañadas de acciones sostenidas, representan un avance en esa dirección", subrayó.

Cabe indicar que la presidenta Keiko Fujimori enfatizó que el orden vuelve, y el control de las cárceles se va a retomar, al subrayar que no se permitirán las señales ilegales ni las comunicaciones de ningún tipo hacia el exterior. Fue al iniciarse una intervención simultánea de estaciones ilegales y antenas clandestinas en las inmediaciones de diversos penales del país.

La operación conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desmanteló 33 antenas clandestinas y cerca de 180 equipos de telecomunicaciones ilegales instalados en los exteriores de 4 establecimientos penitenciarios.

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