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Las intervenciones estuvieron a cargo de equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, personal de la Policía Nacional y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Durante las intervenciones, los inspectores de Migraciones verificaron la identidad y documentación de los ciudadanos extranjeros alojados, así como su situación migratoria en el país. También se supervisó que los establecimientos cumplieran con la obligación de registrar a sus huéspedes, a fin de detectar posibles irregularidades y fortalecer el control migratorio.
El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló que estas intervenciones se realizan en cumplimiento de las disposiciones de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y por encargo del ministro del Interior, César Astudillo, bajo la directriz de mantener el orden en el país.
“Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria”, expresó el superintendente.
Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó la articulación entre todas las entidades que conforman el sector Interior para fortalecer las acciones de control e intervenir a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.
“Por disposición de nuestra presidenta de la república y del ministro del Interior, continuaremos realizando estos operativos de manera permanente”, remarcó el general. Asimismo, señaló que, como parte del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar las labores de control y alcanzar mayores resultados.
El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay, destacó que esta entidad contribuye a la lucha frontal contra el crimen organizado mediante acciones destinadas a retirar de circulación municiones, armas y explosivos en posesión de personas no autorizadas y de empresas de seguridad privadas que no cumplen con la normativa vigente.
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