Derecho
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Esta facilidad será posible gracias a la aprobación, por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), del primer Reglamento de Inscripciones del Registro de Mandatos y Poderes (RIMP), que consolida las disposiciones para simplificar y modernizar estos procedimientos.
Lineamientos
La nueva normativa permite que los ciudadanos que viven fuera del país puedan gestionar la administración de sus bienes, cuentas bancarias y negocios en el Perú mediante un procedimiento completamente digital, sin necesidad de enviar documentos físicos por mensajería internacional ni efectuar legalizaciones ante la Cancillería.
Así, el funcionario consular remite electrónicamente el parte a la Sunarp mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp). El documento cuenta con firma digital y constituye título suficiente para inscribir el otorgamiento del poder, así como su ampliación, delegación, sustitución, reasunción, revocatoria o renuncia.
De esta manera, se elimina el procedimiento anterior, que exigía trasladar físicamente el documento desde el extranjero, gestionar su legalización ante la Cancillería y presentarlo en una oficina registral mediante un tercero o tramitador. Este proceso generaba mayores tiempos de espera y riesgos de extravío. El reglamento también incorpora medidas que simplifican los procedimientos para todos los usuarios del sistema registral y fortalecen la seguridad jurídica.
Entre ellas, establece la posibilidad de vender o hipotecar bienes mediante un apoderado de personas naturales sin necesidad de inscribir previamente el poder. Bastará presentar el parte notarial o consular, unificando dos trámites y pagos en una sola gestión.
Asimismo, se podrá inscribir la revocatoria de un poder, incluso cuando este no haya sido registrado originalmente. Esta disposición permite proteger los intereses del poderdante y comunicar registralmente la extinción de las facultades otorgadas.
Rango reglamentario
La norma también otorga rango reglamentario al Índice Nacional del Registro de Mandatos y Poderes, cuya consulta es vinculante para los registradores.
Esta herramienta permite identificar poderes duplicados o extinguidos, reducir errores por homonimias y prevenir posibles situaciones de fraude. Y, unifica las reglas de calificación e inscripción en el ámbito nacional, superando la dispersión normativa al respecto.