Crimen organizado: Gobierno refuerza acciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas

Estado de emergencia se prorroga por 60 días en zonas de tres regiones

03/11/2026 07:05 El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario, desde el 5 de noviembre de 2026, el estado de emergencia en diversos distritos de Junín, Cusco y Ayacucho, con el propósito de combatir el tráfico ilícito de drogas, otros delitos conexos y situaciones de violencia.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 146-2026-PCM, que amplía la declaratoria dispuesta por el Decreto Supremo N.° 125-2026-PCM.

En Junín, la prórroga comprende los distritos de Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo. En Cusco, abarca Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen, Villa Kintiarina, Manitea, Kimbiri y Cielo Punco, en la provincia de La Convención. En Ayacucho, comprende Ayna, Santa Rosa, Anchihuay, Río Magdalena, Samugari, Anco y Unión Progreso, en la provincia de La Mar.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución.

La norma también dispone la conformación, dentro de las 24 horas de su entrada en vigencia, del Comando Unificado PNP-FF. AA. contra el Crimen Organizado, como fuerza de tareas integrada de carácter temporal, funcional y focalizado.

Este comando tendrá a su cargo fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de la PNP, así como planificar y ejecutar acciones conjuntas para combatir la criminalidad organizada, recuperar el control territorial y restablecer el orden interno.

Su conducción operativa estará a cargo de la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en inteligencia, logística, transporte y tecnología de vigilancia y comunicaciones.

La intervención de ambas instituciones deberá sujetarse a las normas que regulan el uso de la fuerza y los protocolos de actuación conjunta, con respeto de las garantías del debido proceso.