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Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
La Paz, Bolivia EFE
Los parlamentarios del partido opositor Libre presentaron en octubre ante la Fiscalía la acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera, para que respondan por ejecuciones sumarias, posteriores detenciones ilegales y torturas por el llamado caso “Terrorismo”.
Apertura
El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, indicó que se emitió “la resolución de apertura de la etapa de investigación” contra Morales (2006-2019) y de quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Asimismo, señaló que la Sala Penal del TSJ emitió las órdenes para que en 72 horas se notifique sobre el inicio de la investigación contra Morales y García Linera.
Ortega indicó que el plazo de 30 días de la investigación preliminar “está corriendo” y que, al terminar, el Ministerio Público dictará “la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa”.
Este caso ocurrió en abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel de la ciudad de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
Todos fueron acusados por el gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.
Tras cumplir su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Ejecutivo lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.
Archivado
El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), opositora de Morales, a través del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retirara la acusación particular y la Fiscalía boliviana hiciera lo propio con la acusación pública, lo que llevó al archivo del proceso.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, emitió un informe que concluyó que “el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de los afectados.
Compra de radares
La Fiscalía de Bolivia detuvo al exministro de Defensa Edmundo Novillo, acusado junto a otras exautoridades de un supuesto daño económico millonario en la compra y puesta en marcha de un sistema integrado de 13 radares de vigilancia civil y militar, de los cuales solo llegaron a funcionar dos.
Una auditoría reciente detectó un posible daño económico superior a unos 126.5 millones de dólares en ese proyecto, por lo que el Gobierno de Rodrigo Paz denunció penalmente hace dos semanas a cuatro exministros de Defensa, entre ellos Novillo.
En agosto de 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) contrató a la empresa francesa Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares.