Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
JUEVES 5
de noviembre de 2026
Derecho
DERECHO
La Procuraduría establece procedimiento para pagar reparaciones civiles con bienes muebles e inmuebles
Nueva directiva permitirá convertir deudas por sentencias judiciales firmes en bienes que pasarán a formar parte del patrimonio público, bajo estrictos requisitos técnicos y legales.
La medida busca establecer un mecanismo que permita convertir las obligaciones económicas pendientes, reconocidas mediante sentencias judiciales, en activos concretos a favor del Estado.
La directiva, impulsada por la Dirección Técnico Normativa de la PGE, responde a la necesidad de contar con reglas claras y uniformes para que las procuradurías públicas puedan evaluar y gestionar este mecanismo. Su cumplimiento es obligatorio para los operadores e integrantes del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE), así como para las procuradurías públicas transferidas a la PGE.
Para aceptar un bien como forma de pago, la normativa establece condiciones que garanticen la seguridad jurídica de la operación. En ese sentido, los bienes deberán encontrarse debidamente saneados, inscritos en los Registros Públicos y libres de embargos y deudas tributarias. Además, deberán contar con una tasación comercial actualizada, cuyo costo será asumido por el deudor.
La aceptación de los bienes tampoco será automática. Requerirá informes técnicos de viabilidad emitidos por las direcciones especializadas de la PGE, a fin de determinar que la operación represente una ventaja real o un menor perjuicio económico para el Estado.
Respecto al destino de los bienes, la directiva dispone que los muebles se incorporen al patrimonio institucional de la PGE mediante el sistema SIGA-MEF, mientras que los inmuebles pasarán a formar parte de la Cartera Inmobiliaria Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Asimismo, se implementará un registro digital especializado, a cargo de la Dirección de Información y Registro de la PGE, que permitirá realizar el seguimiento y control del avance de los procedimientos de cobro de las reparaciones civiles.
Con esta medida, la Procuraduría General del Estado fortalece las herramientas del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado para hacer efectivo el cobro de las reparaciones civiles y contribuir a la recuperación de los recursos que corresponden a todos los peruanos.