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La operación fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento en campo desarrolladas por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divinext-Dirincri).
El 21 de octubre, la empresa del rubro de la salud comenzó a recibir mensajes, audios y videos amenazantes por WhatsApp, en los que delincuentes le exigían S/ 80,000 a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios y familiares.
Las amenazas se incrementaron el 25 de octubre, cuando uno de los implicados colocó un artefacto explosivo en un establecimiento vinculado a la empresa. Ante estos hechos, la víctima denunció el caso y la PNP inició las investigaciones para identificar a los responsables.
Como parte de las diligencias, los agentes identificaron a los presuntos integrantes de la banda y coordinaron una entrega controlada del dinero exigido. Así, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre, ejecutaron intervenciones en distintos puntos de los distritos de El Agustino, San Borja y Jesús María.
La primera captura se produjo en la avenida Riva Agüero, en El Agustino, cuando uno de los sujetos recogió el dinero extorsivo e intentó darse a la fuga. Esta intervención permitió identificar y detener posteriormente a otros cuatro presuntos integrantes de la banda.
Los detenidos fueron identificados como Jorge Peralta Soltero (21), alias “Loco”; Marcos Paredes Urrutia (33), alias “Damiano”; Luis Díaz Jorge (33), alias “El Profe”; Yenyfer Rodrigo Quintana (24), alias “Gino”; y Carlos Tarazona de la Torre (18), alias "Negro Breña”.
Según las investigaciones policiales, los intervenidos cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal, entre ellas la recaudación del dinero extorsivo, la conducción logística y la coordinación de los pagos.
Durante el operativo, el personal policial incautó 8 celulares, 5 tarjetas de crédito, 1 dinamita, 10 municiones y 1 vehículo.
Además, el análisis de los teléfonos incautados permitió encontrar conversaciones, audios, videos y ubicaciones que evidenciarían coordinaciones para ejecutar atentados con explosivos y organizar la recepción del dinero exigido a la víctima.
El Ministerio del Interior mantiene firme su estrategia de anticiparse al crimen, golpear la capacidad logística de las organizaciones criminales y recuperar el control territorial mediante inteligencia policial e intervenciones oportunas.
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