Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
LUNES 9
de noviembre de 2026
Derecho
DERECHO
D. Leg. 1743: Nueva norma modifica la legítima defensa y establece garantías para quienes se protegen
Fortalecen la legítima defensa y establece presunción de racionalidad del uso de la fuerza
La norma modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que establece la exención de responsabilidad penal para quien actúa en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de la fuerza letal, siempre que concurran determinadas circunstancias.
Entre los principales cambios, incorpora expresamente la presunción de que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de manera racional frente a la agresión. Corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Asimismo, precisa que para evaluar la necesidad racional del medio empleado no se considerará el criterio de proporcionalidad de medios. En su lugar, se tomarán en cuenta, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para la defensa y los bienes jurídicos protegidos.
La norma también dispone que la racionalidad del medio empleado y su utilización deben evaluarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión.
Otro aspecto relevante es que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Esta exigencia también se aplicará a los procesos en trámite, cuando se desestime la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en ese extremo.
ARCHIVO DE INVESTIGACIONES
El decreto legislativo incorpora, además, un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal. Establece que, en las investigaciones sobre posibles actuaciones en legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo.
Si advierte la concurrencia conjunta de los supuestos legales, declarará que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenará el archivo de lo actuado.
La implementación de estas disposiciones se financiará con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.