Prestar tu cuenta bancaria para recibir dinero de extorsiones puede llevarte a prisión. Conoce el D. Leg. 1744

Gobierno fortalece sanciones contra delitos violentos e informáticos y amplía facultades de investigación

09/11/2026 09:15 El Poder Ejecutivo modificó el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Nuevo Código Procesal Penal y la normativa sobre geolocalización de equipos de comunicación, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad violenta, informática y organizada.

De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1744, la medida establece cambios en las penas para diversos delitos, entre ellos extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas, bandas criminales y reingreso clandestino o ilegal al territorio nacional.

Entre las principales modificaciones, se sanciona con la misma pena prevista para la extorsión a quienes faciliten deliberadamente cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante este delito.

Asimismo, la pena por integrar una banda criminal se eleva a un rango de seis a doce años de prisión. En el caso del sicariato, la conspiración y el ofrecimiento para cometer este delito serán castigados con penas de diez a doce años, que aumentan hasta quince años cuando intervienen menores de edad o las conductas se realizan desde establecimientos penitenciarios.

En materia de ciberdelincuencia, se incorpora como supuesto agravado el acceso ilícito a sistemas informáticos mediante el uso no autorizado de credenciales, códigos de verificación u otros mecanismos de autenticación. La sanción será de tres a seis años de prisión. También se incorporan agravantes cuando los delitos informáticos afectan activos críticos nacionales o se cometen mediante personas jurídicas.

En el ámbito procesal, se amplían los plazos de detención judicial por flagrancia: hasta diez días para el reingreso clandestino o ilegal y hasta quince días para extorsión, sicariato, secuestro y delitos cometidos por organizaciones criminales.

Además, se autoriza el acceso a datos de localización y geolocalización en investigaciones preliminares por delitos informáticos, siempre que se cumplan los presupuestos legales y existan garantías.

La norma también establece procedimientos para incautar, registrar y custodiar armas de fuego y materiales relacionados con investigaciones penales.