Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
MARTES 10
de noviembre de 2026
Derecho
DERECHO
Suplemento Jurídica: León XIV plantea proteger al trabajador frente al avance de la inteligencia artificial
IA,dignidad del trabajador y potestad sancionadora
Paul Cavalié Cabrera
Presidente del Tribunal de Fiscalización Laboral. Miembro de la Sociedad peruana de Derecho del trabajo y de la seguridad social
I. Introducción
La encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, es, sin lugar a dudas, una importante contribución a la reflexión ética sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) para nuestra sociedad contemporánea. Su idea nuclear es que el desarrollo tecnológico debe permanecer al servicio de la persona humana, cuya dignidad no puede quedar subordinada a solo objetivos de eficiencia, productividad o rentabilidad económica.
En el ámbito laboral, esta preocupación adquiere una especial importancia. El uso por parte del empleador de sistemas algorítmicos para seleccionar trabajadores, organizar sus actividades, evaluar su desempeño o adoptar decisiones disciplinarias introduce nuevas posibilidades de afectación de sus derechos fundamentales. Como advierte León XIV (2026, Nº 150), la tecnología puede terminar imponiendo al trabajador sus propios ritmos, exigencias y temores, en lugar de constituir un instrumento que le facilite su actividad.
En un plano más acotado aun, desde la perspectiva del Derecho administrativo sancionador laboral, estas transformaciones parecen plantear al menos dos desafíos: de un lado, la necesidad de adecuar las infracciones administrativas a las nuevas realidades tecnológicas y, de otro, determinar cuál sería la responsabilidad de los órganos encargados de interpretarlas y aplicarlas.
Ambos desafíos poseen una dimensión ética que merece examinarse, particularmente desde las instancias sancionadoras resolutivas.
II. La necesaria reconfiguración de las infracciones administrativas laborales
El empleo creciente de IA en las relaciones de trabajo nos abre a la necesidad de revisar la suficiencia del actual catálogo de infracciones administrativas, establecido principalmente en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR.
Sin embargo, esta revisión no supone necesariamente que todas las conductas empresariales realizadas mediante IA deban requerir nuevas tipificaciones, lo cual nos lleva a distinguir entre aquellas que ya encuentran cobertura en las infracciones vigentes, las que justificarían modificaciones de su formulación normativa actual y aquellas otras que exigirían la creación de nuevas obligaciones laborales y de sus correspondientes tipos infractores.
En el primer supuesto, encontramos disposiciones que, por su amplitud, podrían comprender determinadas actuaciones empresariales ejecutadas mediante sistemas algorítmicos. Así ocurre, por ejemplo, con las infracciones relativas a la discriminación directa o indirecta, los actos de hostilidad, la afectación de la libertad sindical o el incumplimiento de obligaciones sobre jornada y descansos (RLGIT, art. 25, numerales 25.6, 25.10, 25.14 y 25.17).
Asimismo, determinados incumplimientos vinculados con los riesgos psicosociales derivados de una organización algorítmica del trabajo podrían quedar comprendidos en las infracciones sobre seguridad y salud laboral, siempre que concurrieran los presupuestos normativos correspondientes (RLGIT, art. 27.9).
Un segundo supuesto comprende aquellas infracciones cuya redacción podría ser modificada para precisar su aplicación frente a determinadas prácticas tecnológicas. Así, cabría evaluar la conveniencia de incorporar referencias expresas a decisiones discriminatorias automatizadas, mecanismos de vigilancia algorítmica o formas de interferencia tecnológica en el ejercicio de los derechos colectivos. Pienso a modo de ejemplo en la reformulación de esa categoría denominada “trabajadores sin fiscalización inmediata”, criterio desfasado que asocia la cercanía de la fiscalización a la necesaria presencialidad, lo que se ha demostrado que no es así con la intensa fiscalización inmediata aun cuando remota o a distancia.
Finalmente, la regulación laboral podría reconocer nuevas obligaciones empresariales vinculadas con la transparencia de los sistemas algorítmicos, la información a los trabajadores sobre decisiones automatizadas que los afecten, la evaluación de determinados riesgos tecnológicos o la exigencia de supervisión humana frente a decisiones especialmente relevantes. Su incumplimiento podría justificar la creación de infracciones específicas.
El ordenamiento peruano ha comenzado a abordar estas cuestiones a partir de la Ley Nº 31814 y especialmente desde su Reglamento (D. S. Nº 115-2025-PCM), que contemplan obligaciones de transparencia, seguridad y responsabilidad para determinados desarrolladores e implementadores de IA (art. 31). No obstante, debe distinguirse entre el establecimiento de obligaciones en materia tecnológica y un eventual y concreto aterrizaje e incorporación al régimen sancionador sociolaboral.
Precisamente, León XIV (2026, Nº 155) reclama un esfuerzo conjunto de los poderes públicos, los trabajadores y las empresas para elaborar nuevas normas de protección frente a las transformaciones tecnológicas.
Esta tarea corresponde al legislador y, dentro de las habilitaciones legales que sean pertinentes, a los órganos titulares de la potestad reglamentaria. No corresponde al intérprete administrativo crear infracciones, ampliar sus supuestos ni suplir mediante interpretaciones extensivas eventuales vacíos normativos. La necesaria preocupación ética por la dignidad del trabajador puede impulsar la reforma normativa, pero no podría sustituir las exigencias del principio de legalidad sancionadora.
III. El Tribunal de Fiscalización Laboral ante las infracciones relacionadas con la IA
El Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) constituye la última instancia administrativa en los procedimientos sancionadores sometidos a su competencia mediante el recurso extraordinario de revisión. Su actuación se desarrolla con independencia técnica y comprende la interpretación del ordenamiento sociolaboral, así como la posibilidad de establecer precedentes de observancia obligatoria (Ley Nº 29981, art. 15).
En un escenario de creciente digitalización, el Tribunal podría conocer controversias originadas por decisiones empresariales adoptadas mediante sistemas algorítmicos, lo cual ocurriría tanto respecto de infracciones actualmente previstas como, eventualmente, de aquellas que fueran incorporadas al ordenamiento sancionador.
Pensemos, por ejemplo, en la utilización de algoritmos para evaluar trabajadores y determinar unilateralmente determinadas condiciones laborales, en decisiones automatizadas con posibles efectos discriminatorios o en sistemas de seguimiento tecnológico que pudieran afectar la libertad sindical.
En estos supuestos, la tarea del intérprete consistirá en determinar si las conductas acreditadas realizan los elementos constitutivos de una infracción previamente tipificada, con independencia de la herramienta tecnológica utilizada.
Esta función exige encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos laborales y el estricto respeto de las garantías propias del Derecho administrativo sancionador.
El principio de tipicidad, recogido en el artículo 230.4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS, prohíbe la interpretación extensiva y la analogía para configurar conductas sancionables.
En consecuencia, no sería jurídicamente admisible considerar infracción a una conducta solo porque el uso de IA pudiera resultar éticamente cuestionable. Igualmente, tampoco correspondería descartar la aplicación de una infracción vigente por el solo hecho de que la conducta empresarial se hubiera ejecutado usando instrumentos tecnológicos no previstos expresamente cuando aquella fue tipificada. La interpretación debe atender al contenido y los elementos del tipo infractor, sin desbordar sus límites.
En particular, los tipos infractores de formulación amplia permiten comprender nuevas modalidades tecnológicas de una conducta ya prohibida, siempre que concurran todos sus elementos. Distinto sería sancionar, por ejemplo, la falta de transparencia algorítmica sin una obligación exigible y un tipo aplicable, lo que supondría integrarlo indebidamente al catálogo sancionador por vía interpretativa.
Surge, además, un desafío probatorio práctico, pues varias decisiones algorítmicas pueden dificultar la identificación de sus fundamentos, la reconstrucción de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes. En ese contexto, adquieren particular importancia la valoración rigurosa por parte de la inspección laboral de los medios probatorios, la motivación suficiente y el respeto del derecho de defensa.
La presunción de certeza reconocida a los hechos constatados por la Inspección del Trabajo no exonera a la Administración de justificar la configuración de la infracción ni convertiría automáticamente en hechos acreditados las inferencias sobre el funcionamiento de un algoritmo (Ley Nº 28806, art. 16).
Desde esta perspectiva, la función uniformadora del TFL podría contribuir a establecer criterios interpretativos consistentes para afrontar estas controversias, sin sustituir la competencia normativa del legislador o del regulador.
IV. La dimensión ética de la función interpretativa y resolutiva del TFL
La contribución de Magnifica Humanitas no se limita a fundamentar la necesidad de nuevas protecciones laborales, ya que sus reflexiones también se extienden a quienes ejercen funciones públicas de decisión.
León XIV (2026, Nº 102) advierte que el empleo de la IA en decisiones que afectan los derechos y las oportunidades de las personas no es tan solo una cuestión técnica. Asimismo, recuerda que los sistemas algorítmicos carecen de conciencia moral y no pueden asumir la responsabilidad humana por sus consecuencias (2026, Nº 99).
Resolver una controversia administrativa no es solo una operación puramente mecánica de subsunción normativa. Hacerlo exige interpretar el Derecho, examinar los hechos, valorar las pruebas y justificar razonadamente una decisión que puede comprometer derechos e intereses relevantes.
Sin embargo, no se debe confundir la exigencia ética con una autorización para apartarse del ordenamiento jurídico. La ética no constituye una fuente autónoma de potestad sancionadora, sino una exigencia de responsabilidad en su ejercicio.
Desde esta perspectiva, considero que la actuación del intérprete administrativo debe observar, especialmente, cuatro exigencias.
La primera es poner al centro a la dignidad humana, lo que obliga a comprender que detrás de cada controversia existen personas cuyos derechos y condiciones de vida merecen una tutela efectiva.
La segunda es la independencia e imparcialidad, que impide identificar la defensa de los derechos laborales con una predisposición favorable a confirmar las sanciones impuestas. El respeto de las garantías del empleador constituye también una exigencia ética del Estado de Derecho.
La tercera es la responsabilidad de motivar suficientemente las decisiones, especialmente cuando estas involucran cuestiones tecnológicas complejas o requieren esclarecer el funcionamiento de mecanismos algorítmicos.
La cuarta es la prudencia en la utilización de la propia IA por los órganos administrativos. Estas herramientas pueden contribuir y colaborar en el análisis documental y en la investigación jurídica, pero no deben sustituir la deliberación, el juicio crítico ni la responsabilidad personal y colegiada de quienes resuelven.
En definitiva, somos de opinión que una actuación éticamente responsable no se mide por la cantidad de sanciones confirmadas, sino por la corrección jurídica, justicia e imparcialidad de las decisiones adoptadas.
La protección del trabajador y las garantías del administrado no constituyen objetivos contrapuestos; ambos expresan las exigencias de un ejercicio legítimo de la potestad pública.
V. Reflexión final
La expansión de la inteligencia artificial exige adaptar progresivamente las instituciones del Derecho del Trabajo a nuevas formas de organización, dirección y control empresarial.
En el ámbito sancionador, esta adaptación demanda una doble responsabilidad: la del legislador y el regulador, llamados a revisar las obligaciones y las infracciones laborales; y la de los órganos administrativos, encargados de interpretarlas y aplicarlas dentro de los límites del ordenamiento jurídico en un procedimiento sancionador.
La encíclica Magnifica Humanitas ofrece una orientación ética común a ambas tareas: preservar la primacía de la persona humana frente al poder de la tecnología.
El desafío no consiste en contraponer la innovación tecnológica a la protección del trabajo, sino en asegurar que el progreso se desarrolle dentro de un orden jurídico respetuoso de la dignidad humana.
Para el intérprete administrativo, ello supone comprender que la ética de la función sancionadora se expresa tanto en la tutela efectiva de los derechos laborales como en la observancia rigurosa de las garantías jurídicas de todos los involucrados.
Referencias:
•León XIV. (2026, 15 de mayo). Magnifica Humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial [Carta encíclica]. Santa Sede. https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html
•Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.º 31814. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1
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