Derecho
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Los bienes recuperados estuvieron vinculados principalmente a delitos de minería ilegal (29.8%), corrupción de funcionarios (25%), tráfico de drogas (21.8%) y lavado de dinero (13.2%). Otros delitos representaron el 10.2% del total.
Así lo informó el juez supremo coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio (SNED), Manuel Luján Túpez, durante su participación en las reuniones internacionales sobre recuperación de activos vinculadas a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), realizadas en Viena, Austria.
El magistrado participó en la vigésima reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos y en las actividades del GFAR Action Series, en calidad de observador, además de sostener reuniones bilaterales.
Estos encuentros tuvieron como objetivo asesorar y asistir a los Estados partes en la restitución de los productos de la corrupción y fortalecer la cooperación internacional, conforme a las disposiciones del capítulo V de la UNCAC.
Experiencia nacional
En este espacio, Luján Túpez presentó la experiencia peruana ante representantes internacionales, entre ellos Gary Leung, investigador principal de la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong; Abdullah Aldabbous, miembro de la Junta de Nazaha de Kuwait; Stephanie Benke, consejera de la Misión Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas en Viena; y Lenin Aguirre, fiscal de Honduras.
El intercambio permitió compartir experiencias y perspectivas sobre los mecanismos de cooperación para identificar, investigar y recuperar activos vinculados con actividades ilícitas.
Aporte
El magistrado expuso la evolución del modelo peruano de extinción de dominio y el papel del SNED en la especialización de la respuesta judicial. También señaló como desafíos preservar su eficacia, fortalecer la investigación patrimonial y garantizar los derechos fundamentales y de terceros de buena fe. Asimismo, expresó la disposición del Perú para compartir su experiencia normativa, judicial y jurisprudencial, así como para promover el intercambio de buenas prácticas.