Suplemento Jurídica: Control de fusiones cumple cinco años, ¿qué deben mejorar las empresas y el INDECOPI?

El régimen de control de concentraciones en el Perú

10/11/2026 08:20 El modelo registra avances en predictibilidad, celeridad y cultura de cumplimiento, mientras busca simplificar notificaciones y optimizar la evaluación de operaciones empresariales.

Magaly Varela

Socia en Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Yasser Vichir

Asociado en Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Después de décadas de discusión parlamentaria y académica, el 14 de junio de 2021 entró en vigencia la Ley 31112, que implementó el control previo de concentraciones empresariales en el Perú. Cinco años después, corresponde reconocer los avances alcanzados e identificar los retos que deberían guiar la siguiente etapa del régimen.

En estos primeros años, el INDECOPI ha mantenido un enfoque técnico, estableciendo precedentes relevantes alineados con las mejores prácticas internacionales y ajenos a consideraciones distintas al análisis de competencia.

Según el reporte más reciente del INDECOPI del 4 de mayo de 2025, se habían recibido 104 solicitudes: 81 autorizadas en Fase 1, 5 autorizadas en Fase 2 con condiciones y solo 1 denegada. Este resultado sugiere que el análisis más profundo se ha concentrado en operaciones con potencial de generar preocupaciones reales, sin afectar la viabilidad de transacciones que, por sus características, no plantean riesgos significativos para el proceso competitivo.

A ello se suma la emisión de instrumentos orientados a brindar mayor predictibilidad, como los Lineamientos para el Cálculo de Umbrales (2021), los Lineamientos para la Calificación y Análisis de Operaciones (2023) y, más recientemente, el Instructivo Procedimental (2026).

La práctica reciente también evidencia celeridad en casos menos complejos. Según la información reportada por INDECOPI, las solicitudes de autorización notificadas en 2025 y resueltas en Fase 1 fueron aprobadas, en promedio, en 25.5 días hábiles desde su admisión, por debajo del plazo legal de 30 días hábiles.

Otro aspecto positivo ha sido la apertura de canales para consultas previas y prenotificaciones. Estos espacios mejoran la calidad de las notificaciones, anticipan preocupaciones y reducen incertidumbre. El Instructivo Procedimental ha reforzado esta práctica al fijar plazos de atención de 5 días hábiles para consultas previas y 10 días hábiles para comentarios a prenotificaciones.

Más allá de las métricas formales, el régimen también ha impactado en la cultura de cumplimiento. Hoy existe mayor conciencia sobre la necesidad de evaluar las transacciones desde una perspectiva de competencia. Las empresas consideran este aspecto en la estructura de sus operaciones e implementan mecanismos más sofisticados para mitigar potenciales riesgos derivados del intercambio de información.

Sin perjuicio de estos avances, la siguiente etapa exige ajustes. Un primer punto está vinculado a la información presentada. Es importante distinguir con mayor claridad entre la información necesaria para evaluar la admisibilidad de la solicitud y aquella relevante para el análisis de fondo. Esta diferenciación permitiría hacer más eficiente la revisión inicial y reducir cargas innecesarias para los administrados.

Asimismo, resulta oportuno actualizar los formularios de notificación, a fin de simplificar la información requerida a partir de la experiencia adquirida.

Un segundo reto es evaluar un procedimiento fast track para operaciones sin riesgos significativos, como aquellas tramitadas bajo formulario simplificado o que, incluso bajo el procedimiento ordinario, no generan traslapes relevantes.

Un tercer aspecto es asegurar recursos suficientes de presupuesto y personal para que la autoridad continúe revisando operaciones de manera eficiente, sin afectar sus actividades de investigación y fiscalización de conductas anticompetitivas.

Finalmente, sería beneficioso que el INDECOPI continúe desarrollando lineamientos sobre materias que requieren mayor predictibilidad, como remedios e intercambio de información durante procesos transaccionales.

En conclusión, el balance es positivo. El desafío será consolidar lo avanzado, simplificar procedimientos y asegurar que el control de concentraciones siga siendo una herramienta eficaz de protección de la competencia.