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  • de noviembre de 2026

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Justicia ambiental: Poder Judicial renueva compromisos para fortalecer la protección de derechos

Pacto por la Justicia será entregado a su santidad León XIV

Este instrumento jurídico, que es la actualización del Pacto de Madre de Dios suscrito en 2017 por la institución judicial, refuerza el reconocimiento constitucional y legal de los derechos ambientales en nuestro país.

En el Acto de Presentación y Adhesión del referido instrumento, realizado en Palacio de Justicia, participaron representantes de diferentes entidades públicas, organizaciones indígenas e instituciones académicas, invitados para adherirse al referido compromiso con la justicia ambiental hacia el 2030.

“La llegada del Papa León XIV y la historia del Pacto de Madre de Dios nos recuerdan una gran verdad: los compromisos institucionales trascienden el tiempo cuando existe una voluntad auténtica de darles continuidad”, señaló Tello Gilardi. 

En tal sentido, la magistrada agregó, que la suscripción de este documento cobra relevancia histórica en el marco de la visita de Su Santidad, León XIV, a quien se le entregará este documento histórico.

“Queremos que el Santo Padre, el Poder Judicial y todas las autoridades que plasman su firma, conozcan la magnitud de esta promesa, que tiene un símbolo palpable e irrenunciable de nuestra lucha por la justicia ambiental.

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
El documento, que comprende diez compromisos, es la actualización del Pacto de Madre de Dios, suscrito en el 2017, que valora los avances alcanzados por la justicia ambiental y responde a los nuevos desafíos presentados.

“Es la responsabilidad de construir un país en el que el desarrollo, la protección de la naturaleza y el respeto de los derechos no sean contrapuestos, sino tengan el propósito de garantizar una vida digna para todas y todos”, expresó. 

Sostuvo, además, que la justicia ambiental no es un asunto marginal ni una preocupación exclusiva de quienes trabajan en la defensa de la naturaleza, sino por el contrario significa una cuestión de derechos humanos, justicia social, seguridad jurídica, desarrollo sostenible y responsabilidad democrática.

“Cuando se contamina una fuente de agua, se destruyen los bosques, se degrada un territorio o amenaza a defensores del ambiente, no es solo un daño ecológico, estamos frente a situaciones que comprometen la salud, la vida, la identidad cultural, los medios de subsistencia y los derechos”, dijo. 

En ese sentido, remarcó que cuando estos problemas no encuentran respuestas oportunas y eficaces, también se debilita la confianza en las instituciones y se profundizan las desigualdades. 

“Por eso, hablar de justicia ambiental es hablar de la capacidad del Estado para proteger a las personas, prevenir los daños, resolver los conflictos y garantizar que las decisiones adoptadas se cumplan”, indicó.

Así, recordó que el Pacto de Madre de Dios, entregado en el 2018 al Papa Francisco, representó la expresión de la voluntad de fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos ambientales de nuestro país, pero desde entonces, la realidad ha cambiado y los desafíos se han vuelto más complejos.

“La pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, las actividades ilícitas que afectan los ecosistemas, las amenazas contra las personas defensoras del ambiente y los efectos del cambio climático nos exigen respuestas cada vez más articuladas y eficaces”, indicó.

Tello Gilardi remarcó, por tanto, que la ratificación del Pacto afirma que la justicia ambiental debe constituir una línea de trabajo institucional sostenida, con visión de largo plazo y que trascienda los periodos de gestión.

“No estamos, por tanto, ante una declaración circunstancial, estamos ante la renovación de un compromiso que busca orientar nuestros esfuerzos hacia el año 2030”, refirió.

DIEZ COMPROMISOS

Cabe señalar que la nueva propuesta se estructura en diez compromisos orientados a fortalecer el acceso efectivo a una justicia ambiental especializada, oportuna, eficaz e intercultural, así como a potenciar la prevención, investigación y respuesta ante delitos que afecten el entorno.

Asimismo, busca proteger a las personas defensoras del ambiente, los derechos humanos y los territorios, garantizando un marco legal que resguarde a los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables.

El plan prioriza, además, la protección estatal de los ecosistemas, la biodiversidad, el agua y la naturaleza, e integra la justicia y resiliencia climática dentro de la administración de justicia.

De otro lado, asegura la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y el cumplimiento de medidas de reparación y restauración ante daños ambientales, impulsando así una agenda nacional fundamentada en el conocimiento, la cooperación y la rendición de cuentas.

Así, estos compromisos buscan constituir un marco común de acción, respetando las competencias constitucionales y legales de cada institución y la independencia de la función jurisdiccional.

Estuvieron presentes en la ceremonia el ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, y el presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, juez supremo Javier Arévalo Vela.

Asimismo, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, y el director de la Iniciativa Amazonia Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Mariano Castro Sánchez-Moreno.

También el jefe adjunto de Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú, Jesús Peña Palacios, y la lideresa indígena del pueblo Yanesha y representante de AIDESEP, Teresita Antazú López; entre otros.

FELICITAN A TELLO GILARDI
Castro Sánchez-Moreno felicitó a Tello Gilardi por su liderazgo y a todas las instituciones y personas que hicieron posible la renovación del pacto, sin embargo, recalcó la importancia de hacer seguimiento al compromiso y así conocer su el alcance real.

Recalcó que el pacto compromete a las instituciones a coordinar la prevención, la investigación, y la sanción de delitos ambientales como la minería ilegal, la talla ilegal y el tráfico de especies.

“El valor del pacto se comprobará en lugares donde una comunidad pueda detener la contaminación, en una persona defensora que recibe protección antes de la agresión, en una familia que deje de cumplirse una decisión de reparación”, indicó.

A su vez, Bustamante Zegarra consideró que el pacto representa el interés compartido por abordar uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, como fortalecer las respuestas institucionales frente a los problemas ambientales que afectan a nuestro país.

Así, el juez supremo reconoció el trabajo y sensibilidad de Tello Gilardi que, como presidenta de la Corte Suprema, impulsa esta iniciativa para cuidar nuestro medio ambiente.