Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
  • VIERNES 20
  • de noviembre de 2026

Opinión

FOTOGRAFIA
Reflexiones

El precio de ser íntegro


Editor
Carmen Vegas Guerrero

Magíster en Gestión Pública


Su visita al Perú nos recuerda que la función pública no es simplemente el ejercicio de atribuciones y competencias legales, sino que es, ante todo, una vocación de servicio que demanda compromiso, honestidad, entrega y la capacidad de anteponer el bienestar colectivo a los intereses personales.

En un país donde la desconfianza hacia las instituciones constituye uno de nuestros mayores desafíos, recuperar el sentido ético del servicio público resulta indispensable. Así –nos lo recuerda el Latino-barómetro 2026–, apenas el 9% de los peruanos expresa confianza en el Gobierno y el Congreso, y solo el 10% en los partidos políticos.

La integridad no puede reducirse a la ausencia de corrupción, sino que implica actuar con independencia, transparencia, sustento técnico y responsabilidad, incluso cuando hacerlo supone enfrentar presiones, cuestionamientos o renunciar a determinadas comodidades y beneficios personales.

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico establece obligaciones claras. La Constitución Política, en su artículo 39.°, dispone que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. La Ley N.º 27815, Código de Ética de la Función Pública, consagra principios como probidad, eficiencia, idoneidad y justicia. Y a ello se suman la Ley N.º 31564, sobre prevención de conflictos de intereses, y el Decreto Supremo N.º 148-2024-PCM, que aprueba el modelo de integridad para las entidades públicas.

Sin embargo, las normas, por necesarias que sean, no bastan. La integridad requiere convicciones, liderazgo y una auténtica vocación de servicio. Supone comprender que trabajar para el Estado exige disposición para escuchar, dedicar esfuerzos adicionales, asumir responsabilidades y colocar las necesidades ciudadanas en el centro de cada decisión.

En esa misma línea, León XIV exhortó a no pensar únicamente en uno mismo y a estar dispuestos a entregar tiempo, recursos y comodidad para servir a los demás. Este llamado adquiere especial significado en la gestión pública, donde cada decisión, cada trámite y cada política pueden transformar (para mejor o peor) la vida de miles de personas.

Existe además una dimensión frecuentemente olvidada: la responsabilidad de decidir. Por lo que combatir la corrupción no debe conducir a una administración paralizada por el temor al control o al cuestionamiento. La inacción también genera costos sociales: servicios deficientes, inversiones postergadas y oportunidades perdidas.

Por ello, la integridad también exige el valor de adoptar decisiones oportunas, técnicamente sustentadas y ajustadas a derecho, aun cuando resulten difíciles.

El mensaje del papa nos invita a recordar que servir no significa buscar privilegios, sino asumir responsabilidades; que la autoridad no constituye un fin en sí mismo, sino una oportunidad para contribuir al bien común.

Que su visita al Perú nos deje una convicción duradera: la verdadera integridad no se mide únicamente por aquello que rechazamos hacer, sino por lo que estamos dispuestos a entregar, decidir y defender para servir a los peruanos, especialmente a los más necesitados, olvidados y excluidos.