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GESTIÓN AMBIENTAL

Riesgos climáticos: ¿cuáles son las obligaciones claves que deben cumplir de los municipios?

Experta Carla Peralta recuerda que legislación vigente establece que los gobiernos locales tienen que identificar peligros, evaluar vulnerabilidades y ejecutar medidas para proteger a la población.


Editor
Percy Buendia Quijandría

Periodista

pbuendia@editoraperu.com.pe


A primera impresión surge una interrogante sobre qué tienen que hacer los alcaldes y responsables de los municipios ahora y en el futuro frente a este panorama. En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la experta legal en gestión ambiental, adaptación climática y desarrollo urbano, Carla Peralta Hu, nos da luces al respecto y parte por afirmar que nuestro país ya cuenta con obligaciones legales sobre el tema. 

Exigencia

“El artículo 8.2 de la Ley Marco sobre Cambio Climático exige a los gobiernos locales incorporar medidas de adaptación en sus instrumentos de planificación, presupuesto e inversión, dentro de sus competencias. Necesitamos que ese mandato se traduzca en decisiones y resultados verificables”, remarca. 

Para tal fin, la especialista propone fortalecer tres aspectos en la administración municipal. En primer lugar, recalca, es necesaria la continuidad institucional que se traduce en equipos técnicos con funciones claras, metas y recursos programados, para que los cambios de autoridades no interrumpan las intervenciones ni hagan perder el conocimiento acumulado. 

“La prevención se debe reflejar en la planificación operativa, el presupuesto y las prioridades de inversión, respetando las reglas de los sistemas administrativos correspondientes”, asevera.
 
Peralta resalta también, como segundo aspecto, la importancia de incorporar la información sobre riesgos en las decisiones de desarrollo urbano y en el diseño de las obras.

“Esto incluye seleccionar soluciones apropiadas para cada territorio y combinar, cuando corresponda, infraestructura convencional con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables. No se trata de reemplazar una solución por otra de manera indiscriminada, sino de reducir el riesgo con sustento técnico”, advierte.

Un tercer punto, detalla, se debe traducir en fortalecer el aprendizaje y la rendición de cuentas. “Ya existen mecanismos de evaluación de daños y registro de emergencias; propongo articularlos con reportes técnicos públicos que permitan conocer qué ocurrió, cómo funcionaron las obras y la respuesta institucional, y qué debe corregirse. Cada evaluación debería identificar acciones de mejora, responsables y plazos”, subraya. 

“Las herramientas digitales y, cuando resulte pertinente, la inteligencia artificial (IA) podrían apoyar el análisis de esa información con datos verificados y revisión técnica humana. Una ciudad resiliente no es aquella que nunca enfrenta una emergencia, sino la que aprende de cada evento y utiliza ese conocimiento para reducir sus vulnerabilidades”, asegura.

Para la experta, la responsabilidad de una municipalidad no empieza cuando se inunda una calle, se desborda un río o un huaico afecta a una comunidad. “Comienza mucho antes, cuando debe identificar los riesgos y adoptar medidas para proteger a la población”, precisa.

“La Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres [Sinagerd], y su reglamento establecen en el Perú obligaciones concretas para los gobiernos locales: identificar peligros, evaluar riesgos, formular y aprobar planes, ejecutar medidas de prevención y reducción del riesgo y prepararse para responder ante posibles emergencias”, anota. 

En la práctica, refiere, significa conocer qué sectores de su territorio están expuestos a inundaciones, huaicos o deslizamientos e incorporar esa información en la planificación territorial y urbana. “También deben fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad en las construcciones y priorizar las intervenciones necesarias para reducir los riesgos, en el ámbito de sus competencias”, enfatiza.

“El desafío no es solamente contar con planes aprobados, sino lograr que estos se traduzcan en decisiones, inversiones y acciones verificables. La protección de la población debe formar parte de la gestión municipal durante todo el año, no únicamente cuando se anuncia una emergencia”, asevera.

Peligro

Peralta sostiene que conocer dónde existe un peligro es el primer paso para evitar que se convierta en un desastre. “Las municipalidades deben identificar los peligros, evaluar la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura y determinar los niveles de riesgo en sus jurisdicciones. Esa evaluación tiene que permitir ubicar y delimitar cartográficamente las áreas expuestas a inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos”, explica.

“Las decisiones deben sustentarse en información técnico-científica de entidades como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), complementada con estudios de campo y datos actualizados sobre las viviendas, los servicios esenciales y la población que podría resultar afectada. No basta con una apreciación general del territorio”, alerta.

Para tal fin, refiere, se cuenta con el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sigrid), plataforma que permite consultar información territorial y estudios disponibles, y con las Evaluaciones del Riesgo de Desastres (EVAR), que posibilitan analizar los peligros y la vulnerabilidad y determinar los niveles de riesgo de un ámbito específico. “Consultar información existente es fundamental, pero no sustituye la evaluación técnica que corresponda realizar en cada caso”, señala. 

Además, menciona que es importante respetar las competencias de las autoridades sectoriales; por ejemplo, las de la Autoridad Nacional del Agua en la delimitación de fajas marginales. “Con ese sustento, los resultados deben orientar las intervenciones preventivas, la protección de infraestructura esencial y las decisiones sobre ocupación del territorio que correspondan”, agrega. 

“El verdadero valor de un mapa de riesgo no está en su elaboración, sino en las decisiones que permite adoptar para proteger a las personas”, puntualiza.

Implicancias

Peralta detalla que cumplir las obligaciones de prevención no es opcional para las autoridades municipales, pues deben actuar dentro de sus competencias. “Su incumplimiento puede dar lugar a procedimientos y sanciones administrativas, sin que sea necesario esperar a que ocurra un desastre para examinar una posible falta disciplinaria”, advierte. 

“La Ley N.° 29664, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1587, contempla como faltas muy graves, entre otras, omitir la formulación de los planes específicos de gestión del riesgo que correspondan, permitir la ocupación con fines de vivienda en zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable y no implementar las medidas correctivas contenidas en los documentos técnicos de las entidades competentes del Sinagerd”, remarca. 

La experta explica que estas situaciones exigirán identificar qué obligación concreta se incumplió, a quién le correspondía cumplirla y qué dispone el régimen aplicable. “Por ejemplo, no bastará con afirmar que un plan estaba desactualizado; será necesario determinar qué actualización era exigible y quién tenía la función de realizarla. Las sanciones deben establecerse mediante el procedimiento correspondiente, respetando el derecho de defensa”, precisa.

En casos de posibles sanciones por incumplimientos de las funciones de prevención, se deberá también distinguir la responsabilidad de los funcionarios de la eventual responsabilidad patrimonial de la municipalidad por los daños ocasionados, sostiene Peralta. 

La experta indica que determinadas conductas podrían tener consecuencias penales si reúnen los requisitos legales, pues no toda omisión ni toda deficiencia de gestión constituyen automáticamente un delito. 

El propósito de exigir estas responsabilidades es que la información técnica y los deberes de prevención se traduzcan en actuaciones oportunas, y no esperar a una tragedia para preguntar quién debió actuar, advierte.