Política
Mediante un pronunciamiento, recordó que el artículo 18 de la Constitución Política establece que las universidades deben estar dedicadas únicamente a la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y tecnológica.
Utilizarlas con fines políticos las desnaturaliza gravemente, señaló.
El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, remarcó que “no deben utilizarse ni los fondos de las universidades, ni su infraestructura y muchos menos a sus estudiantes para realizar cualquier tipo de proselitismo político”.
Paneles
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, precisó que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) debe pronunciarse sobre la denuncia del uso de paneles publicitarios en algunas universidades para fines electorales
“Hace días, se publicó el reglamento de sanciones, sobre todo por violaciones a la Ley Universitaria, así que hay un reto para que participe activamente la Sunedu en aplicación del ejercicio de los derechos que le da la nueva norma que está convalidada por el Tribunal Constitucional (TC).”
La Sunedu, refirió, puede actuar con toda la legalidad del caso, toda vez que el TC desestimó las denuncias de inconstitucionalidad en su contra, “de manera que está plenamente validada”.
Exhortó al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, a cargo del caso, a resolver con celeridad en primera instancia, a fin de que si se presenta una apelación el pleno del JNE pueda, también, fallar con rapidez.
Principios democráticos
La Defensoría del Pueblo recordó que las organizaciones políticas firmaron el Pacto Ético Electoral que –sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerles los órganos electorales– los compromete a conducirse con valores y principios democráticos. Reiteró su invocación a los candidatos a mantener un debate con altura y respeto, con propuestas que respondan a las demandas ciudadanas. Dentro del proceso electoral 2016, recordó que la legislación precisa que autoridades y funcionarios deben cumplir con el principio de neutralidad.