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Al respecto, la Municipalidad de Lima, mediante un comunicado, señaló que está obligada a respetar el orden jurídico y, por lo tanto, la obligación pactada sobre el nuevo peaje de Puente Piedra, contenida en el contrato de concesión suscrito por la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán con la concesionaria Rutas de Lima, el 9 de enero del 2013.
El documento señala que el contrato obliga a la ciudad de Lima a asumir penalidades en caso de incumplimiento, “sin perjuicio de las responsabilidades que pueden derivar de la vulneración del artículo 62 de la Constitución Política del Perú”.
Maniatada
A su turno, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afirmó que su gestión municipal está “maniatada” por este contrato, que está garantizado por la ley y la Constitución, y que no existe manera de impedir el cumplimiento de ese compromiso sin que la ciudad deba pagar penalidades o, de lo contrario, ir a los tribunales de justicia.
Por su parte, la concesionaria Rutas de Lima lamentó los hechos de violencia ocurridos en las casetas de peaje de Puente Piedra y reafirmó que el incremento de la tarifa y la implementación del nuevo punto de peaje en esa zona están fijados en el contrato suscrito con la Municipalidad de Lima.
Mediante un comunicado, voceros de la empresa indicaron que los disturbios han perjudicado a personas y vehículos y que, con la quema de llantas y el arrojo de objetos contundentes, se puso en peligro la vida e integridad física de los usuarios y vecinos.
Datos
Una pena de 8 a 12 años de prisión podrían recibir las personas que ayer protagonizaron los desmanes.
De acuerdo con el Código Penal, el que impide a una autoridad ejercer sus funciones comete delito de violencia y resistencia.
A consecuencia de desmanes resultaron heridos cinco policías y fueron detenidas 28 personas, informó la Policía.