Política
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Parlamento se reúne hoy para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) –Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña– por una presunta infracción a la Constitución Política.
Los cuatro integrantes fueron denunciados por 11 marinos en retiro al considerar que cambiaron uno de los votos de una sentencia que establecía que en la intervención en el penal de El Frontón no hubo delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el informe, se plantea acusar por infracción constitucional a Espinoza-Saldaña, así como su destitución e inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública, y suspender por 30 días a Ledesma y Ramos. Se propone archivar la denuncia contra Miranda.
Para el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, la decisión que tome el Congreso respecto a la destitución o suspensión de los magistrados será posteriormente anulada por el sistema interamericano de justicia por tratarse de una acusación “absurda a toda regla de derecho”.
“Sin duda, una decisión de esta naturaleza será anulada por el sistema interamericano, tal como ocurrió en el pasado [durante el gobierno de Alberto Fujimori], por lo que se repondrá a quienes puedan ser destituidos”.
Admisión a trámite
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió a trámite un pedido de medidas provisionales para la tutela de la estabilidad de los puestos de los cuatro magistrados del TC. El documento que dio cuenta de la admisión a trámites es el CDH-10.009/678, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, firmado por su secretario Pablo Saavedra Alessandri.
Allí se le solicita al Estado peruano y a la Comisión Interamericana (CIDH) expresar, a más tardar, el 14 de diciembre sus observaciones ante la solicitud de una “medida provisional en tutela de las estabilidad en sus puestos” de los miembros del TC.