Política
Percy Buendia Quijandría
pbuendia@editoraperu.com.pe
–¿Cuáles son las características de su proyecto de ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud de las personas afectadas por la contaminación con metales pesados?
–Hemos priorizado una serie de iniciativas legislativas, principalmente en materia ambiental, pero que también pueden tener efectos en el tema de la salud de las personas. En ese sentido, presentamos el proyecto de ley 2740, que plantea crear un registro único para los afectados por los metales pesados.
Nos referimos netamente a los compatriotas que se encuentran en un contexto extractivo, ya sea en un proyecto minero, uno de hidrocarburos o de otro tipo que genere la emisión de metales pesados. La contaminación afectó a estas personas.
Es importante que la atención a los afectados se articule de manera intersectorial e intergubernamental. En el primer aspecto, deben coordinar la información los ministerios del Ambiente y de Salud, mientras que en el segundo, el Ejecutivo con los gobiernos subnacionales. Es una trascendental iniciativa legislativa.
–¿Cuál es el estado de su propuesta?
–Esta iniciativa ya se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud del Parlamento. Es un proyecto que no solo incorpora el Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Metales Pesados, sino que también hace hincapié en que deberían existir un protocolo e instrumentos técnicos de atención debido a que la afectación por metales pesados requiere de un tratamiento especializado.
La ministra de Salud, Silvia Pessah, ha manifestado que este año su despacho prioriza la atención a las personas afectadas por metales pesados y que el proyecto complementaría, ayudaría a que esta atención se ejecute con un marco normativo.
Además, el registro nacional nos permitirá conocer cuántas son las personas cuya salud es afectada por las actividades extractivas, a escala nacional, y que deben recibir un tratamiento especializado.
–¿En qué zonas del país se presenta principalmente este problema?
–Tenemos afectados en la región Loreto. Otro de los casos emblemáticos es el de la provincia de Espinar, en la región Cusco. En el caso de Puno, la región de donde provengo, la contaminación por metales pesados se genera por los residuos sólidos y la minería ilegal e informal.
Es una problemática que sufrimos en diversas zonas del país, principalmente en las que se desarrollan actividades extractivas referidas a la minería, hidrocarburos u otra actividad que mediante la contaminación del agua puede afectar la salud de las personas.
–¿Cuáles son las consecuencias para los pobladores? ¿Qué segmento de la población es el más afectado?
–Podrían ser los niños, las mujeres o cualquier persona. Durante este año, el Ministerio de Salud (Minsa) ya registró la atención a más de 4,000 personas afectadas, pero es un tema de tratamiento que ejecuta este portafolio en coordinación con las direcciones regionales de salud.
No se especifica cuántos son los afectados por los metales pesados que requieren una atención médica especializada.
–¿Qué acciones deben emprender las empresas extractivas para atenuar este impacto?
–La afectación por los metales pesados se registra debido al mal manejo del proceso extractivo, y esto muchas veces impacta en el medioambiente. Ese mal manejo en materia ecológica genera que se contaminen algunos recursos y mediante estos se afecta la salud humana.
Entonces, hay que responder a un problema que ya tenemos, pero habría también que ver cómo mejoramos el marco normativo en materia ambiental para potenciar principalmente la fiscalización de las actividades extractivas.
–Se necesita, entonces, un trabajo articulado…
–Deben coordinar los portafolios que están a cargo de este tema: el Ministerio del Ambiente, que se encarga de la fiscalización; el Ministerio de Energía y Minas; y el Minsa. Eso queda claro, estos sectores deberían coordinar.
Pero, por el tema de la rectoría que tenemos en el sector Salud, esta coordinación también debería reforzarse entre el ente rector, las direcciones regionales de salud y las instancias médicas para que haya una mejor atención en este tema que no puede pasar inadvertido.
Institucionalidad ambiental
El congresista Oracio Pacorí presentó también el proyecto de ley 1246, que busca fortalecer la labor del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), encargado de aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos. El legislador recordó que de acuerdo con las normas vigentes, la Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para determinar qué institución del Ejecutivo realiza ese estudio según la envergadura de inversión del proyecto. “Lo que simplemente hacemos es una corrección para que sea el propio Senace el que realice todos los estudios de impacto ambiental y no haya una intervención política”. El dictamen ya se aprobó en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; tiene una opinión favorable del Ministerio del Ambiente y del Senace, y se espera el respaldo del pleno del Congreso, refirió.
Año nuevo
El tema cultural no es ajeno a las iniciativas del parlamentario Oracio Pacori, quien presentó un proyecto de ley para que se declare el 21 de junio como Día del Año Nuevo Andino.
“Es una práctica que se realiza en diversas regiones. Por ejemplo, en el Cusco el Año Nuevo Andino se celebra el 21 de junio –el amanecer del solsticio– hasta el 24. Es una expresión cultural de la cosmovisión andina vinculada con las actividades agrícolas”.
En Puno, refirió, ese mismo día se da una bonita expresión cultural en torno al amanecer en el lago Titicaca.
“Esta declaratoria ayudará también a la difusión de esta manifestación a escalas nacional e internacional”.