Opinión
Edwar Rebaza Iparraguirre
Gerente General del INPE
Las cárceles cumplen la función de ente ejecutor de la sanción penal, impuesta en un proceso legal por un órgano jurisdiccional, frente a la inconducta social de aquel que delinquió y –por tanto– es considerado una grave amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, resulta necesario reconocer que el derecho penal debe ser la última ratio –último recurso– de la política social del Estado para hacer frente ante la vulneración de derechos, y debe ser aplicada solo cuando la autoridad judicial considere no apropiada la imposición de una medida no privativa de libertad.
Por su parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen que el objetivo de la pena y las medidas privativas son, principalmente, “proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia”.
Para cumplir dicha premisa, resulta necesario que el sistema penitenciario nacional implemente políticas y planes orientados al desarrollo de programas y actividades de trabajo, educación, asistencia penitenciaria (legal, psicológica y trabajo social) y salud, aplicándolos a los internos e internas recluidos en los penales.
En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), conforme a su lema ‘Humanizar y dignificar para resocializar’, traza sus objetivos basados en lograr las tres ‘R’: reeducación, rehabilitación y reinserción social de la población penitenciaria.
Este accionar está establecido en la misma Constitución del Perú, en el artículo 139º inciso 22; por ello, el Inpe se adecúa y esfuerza por cumplir este mandato.
En la actualidad, la población penal en las cárceles del país es de 90,321 internos, de los cuales el 61% está en situación jurídica de procesado y solo el 39% como sentenciado.
Además, si tenemos en cuenta que la capacidad de albergue en los 68 penales a escala nacional es de 39,156 internos, podemos determinar que nos encontramos ante un 23% de hacinamiento.
Es así que dicha cifra nos presenta un reto como Estado –y, más aun, como Inpe– en el desarrollo, implementación y ejecución de medidas para afrontar las intervenciones con los internos.
El panorama hoy no es sencillo frente a una sociedad y autoridades que solicitan una política represiva con aplicación de leyes cada vez más severas. Solo el respeto a los derechos humanos como la base de nuestro accionar nos garantiza estar andando por un buen camino.
En el 2019, el Inpe continuará en ese esfuerzo con su política Cárceles Dignas, pues de esta manera estamos seguros de que lograremos la tan ansiada reinserción positiva del interno a la sociedad.