Política
La aprobación de la Ley de Protección Policial por el Congreso fortalecerá la defensa legal de los custodios del orden que, en el uso reglamentario de su arma de fuego, ocasionen lesiones o muerte a la persona intervenida, y por ese motivo tengan que responder a la justicia, como es el caso del suboficial PNP Joel Miranda Rojas, de Piura.
Así lo explica el general (r) Máximo Ramírez, asesor de la Dirección de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú, quien descartó que la norma, que aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, pueda servir para justificar actos de abuso de autoridad o excesos por parte del personal policial, como lo señalaron en su momento congresistas del Frente Amplio y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En declaraciones para el Diario Oficial El Peruano, Ramírez señaló que, en síntesis, lo que dispone esta norma es prohibir las resoluciones judiciales de prisión preliminar o preventiva para los policías que enfrenten este tipo de situaciones; la creación de una procuraduría especializada en la defensa de los policías en el Ministerio del Interior; y el reemplazo del criterio de proporcionalidad por el de razonabilidad de los medios a favor del personal de la institución, cuando tengan que intervenir en defensa de la sociedad.
“Con esta ley, ya no se podrá dictar prisión preventiva ni preliminar contra un policía que, en medio de una operación, cause la muerte o heridas a la persona que está interviniendo, tal como sucedió en el caso del suboficial Miranda Rojas. Habrá investigación, por supuesto, pero sin detención”, afirmó.
Caso Miranda
El caso del suboficial Miranda Rojas es emblemático. Recordemos que contra él se dictó una prisión preventiva de siete meses, además de una acusación por homicidio, tras causar la muerte a un presunto delincuente que minutos antes había participado en un asalto en Tacalá, Piura.
Miranda solo estuvo preso 21 días ya que gracias a un habeas corpus salió libre, pero su pesadilla no termina, pues la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, en Piura, ha pedido 20 años de prisión preventiva para él por homicidio simple y el pago de una reparación civil de 80,000 soles a favor de la madre del agraviado.
Pero su caso no es el único. Hay por lo menos un centenar de policías que enfrentan procesos por esta causa, de los cuales una decena tiene mandato de detención, según la Dirección de Defensa Legal de la PNP (ver nota aparte).
Esta situación motivó que en el Congreso se presente hasta cuatro proyectos de ley, orientados a corregir la situación de vulnerabilidad de los agentes del orden, los mismos que fueron canalizados a la Comisión de Defensa del Congreso, con el resultado de la aprobación de la ley.
Ramírez enfatiza que esto de ninguna manera ampara el abuso de autoridad o los excesos por una mala intervención que puedan realizar los policías, y prueba de ello es que, cuando se presentaron estos casos, se ha procedido de inmediato a dictar la baja del custodio involucrado.
Remarcó, además, que esta protección no sustrae al policía de la investigación correspondiente en el fuero ordinario, la cual tendrá que enfrentar, pero en libertad.
Procuraduría
Sobre la creación de una procuraduría especializada, el asesor del Mininter aseveró que, si bien la Ley de la Policía garantiza la defensa legal de los agentes en este tipo de situaciones, no cubre las expectativas, por lo que se ha considerado conveniente establecer una nueva dependencia para potenciar esa defensa con oficiales asimilados del cuerpo jurídico de la PNP y abogados contratados, durante todo el proceso.
Hasta hace tres años, afirmó, eran los propios policías, con su dinero, quienes debían enfrentar el proceso, lo que es injusto, pues se trata de representantes del Estado involucrados en este tipo de acciones en cumplimiento de su deber asignado por la Constitución.
Por último, la norma deroga el principio de la proporcionalidad establecido en el Decreto Legislativo 1186, para reemplazarlo por el de la razonabilidad.
Refiere que cuando la Policía Nacional ejerza su derecho a la legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad.
Sobre este punto, el general Ramírez sostiene que en una intervención policial, cuando está en peligro la vida de personas inocentes, lo primordial es rescatarlas, y para ello debe primar el criterio del custodio para usar las armas y los recursos que le permitan cumplir con ese objetivo, por encima de la proporcionalidad.
Puso como ejemplo el caso del delincuente que ahorca a su víctima (cogoteo), y con solo ese recurso, sin armas de fuego ni arma blanca, la puede llegar a matar. El policía no va a esperar estar en equidad de condiciones con el delincuente para intervenir, debe usar los recursos a su disposición para salvar a la víctima.
Justicia al revés
Según la División de Defensa Legal de la Policía, en el Perú existen 88 casos de policías investigados por abatir a delincuentes durante sus funciones, ya sea por frustrar asaltos a negocios o evitar el robo de pertenecías, es decir, en cumplimiento de su deber.
En las últimas semanas se sumó el caso del agente Evert Cueva Cueva (25), contra quien el Ministerio Público de Chiclayo pide siete años de prisión y el pago de una reparación civil de 7,000 soles por herir a un delincuente, que momentos antes le había robado el celular.
En la actualidad, unos 10 policías están detenidos o prófugos tras combatir la delincuencia en Piura. Entre ellos figura el suboficial Marcelino Yarlequé, a quien el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva como presunto autor de la muerte de un delincuente, en noviembre del 2018, durante una balacera contra asaltantes que habían abierto fuego.
Además de Yarlequé, hay otros policías piuranos que también combatieron la delincuencia y ahora están en la clandestinidad para no ir a prisión.
Tal es el caso del suboficial Martín Ruesta, quien, junto a dos de sus colegas, se enfrentó en el año 2015 a una banda de delincuentes, lo que devino en la muerte de uno de ellos.
Ministro
El ministro del Interior, Carlos Morán, saludó la aprobación en el Congreso de la Ley de protección policial. Dijo que hay autoridades que no sintonizan con la necesidad de defender a los policías, por lo que consideró positivo que se busque corregir esta situación.
Subrayó que restituir el respeto a la autoridad es una política de Gobierno y del sector, que seguirán defendiendo a los policías que cumplen su función.
“Vamos a persistir en esta política de defender a los policías que cumplen su función. Ellos tendrán el apoyo del Gobierno y de este ministro”, aseveró.