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Con el DNI y los sueños en estreno Alexandra Porras Inga y Carlos Gabriel Campos Zapata recibieron descargas eléctricas mientras cumplían labores de limpieza en el local de la franquicia McDonald’s, en Pueblo Libre. Sucedió la madrugada del domingo.
Una amarga y similar situación se dio en el 2016: un incendio en los multicines UVK de Larcomar dejó un saldo de cuatro muertos. Solo después de ello se revisaron la seguridad y licencias en los centros comerciales. Antes, los empresarios se quejaban de que las inspecciones técnicas eran muy engorrosas y que los fiscalizadores pedían muchos requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento de un establecimiento.
Hoy, las municipalidades corren a revisar la seguridad eléctrica de los establecimientos de comida rápida. “La situación en el país es crítica en relación con las instalaciones eléctricas. La auto-construcción en el país es del 70%; y 7 de cada 10 incendios ocurren debido a una mala instalación eléctrica, por falta de mantenimiento, una mala práctica o productos con calidad subestándar”, apunta Orlando Ardito, consultor de Procobre Perú.
Código de Electricidad
Desde el 2006 existe una herramienta: el Código Nacional de Electricidad (CNE). Su fin es establecer los requisitos mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas seguras. Además, da las pautas a los gobiernos regionales y locales sobre cómo fiscalizar. Contiene dos partes: una dedicada a la utilización y otra, al suministro (esta última exclusiva para las empresas eléctricas).
El ingeniero electricista Javier Lucana, del área de normativa de electricidad de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM), recuerda que el CNE está “en permanentemente revisión técnica, adecuándose a los avances tecnológicos”. Por ejemplo, en la actualidad se revisa lo referente a las instalaciones eléctricas en los vehículos eléctricos.
La última actualización del CNE fue en el 2008, sobre interruptores diferenciales, conectores y enchufes. Y en el caso de los suministros, se hicieron nuevas precisiones en el 2011.
Lucana recuerda que el Instituto de la Calidad (Inacal), del Ministerio de la Producción, se encarga de elaborar las normas técnicas para la calidad de los productos. El MEM e Inacal trabajan de la mano, basados en las normas técnicas de la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) para actualizar sus normativas.
De baja calidad
Para Ardito, hay tres temas que se conjugan en el perverso panorama de los incendios por problemas eléctricos: la falta de cultura de prevención del usuario, la calidad de los productos eléctricos y la ausencia de un padrón de técnicos electricistas.
“El 70% de los productos eléctricos que se comercializan en el Perú es de calidad subestándar”, advierte. “Se necesita un reglamento de productos”. Una herramienta clara como la de Argentina, Brasil, Colombia, Chile. “La función del Estado es garantizar que el usuario pueda escoger en el mercado entre un producto bueno y otro mejor; no entre productos subestándares”, dice.
Opina que el Produce, el MEM, el MEF e Indecopi tienen una labor vital en este aspecto. Y en ello se debe involucrar a todos los colegios profesionales; de lo contrario, continuarán los ingenieros que firman los proyectos y después se desentienden de lo que suceda con la obra.
El comandante Giancarlo Pasalaqua, jefe de brigada de Lima Centro del Cuerpo de Bomberos, opina que el Perú debe seguir los modelos internacionales. “Tenemos que buscar en los productos que su calidad sea certificada, certificable y trazable: si compro un elevador eléctrico o una llave diferencial, necesito que su calidad sea verificable, que se pueda consultar. En el Perú eso no existe debido a las falsificaciones”. Recuerda que los dos jóvenes que murieron encerrados en el 2017 en la galería Nicolini trabajaban falsificando productos.
Por su parte, el ingeniero Lucana advierte que faltan reglamentos técnicos. “El problema del Produce y el MEF es que ponen barreras en cuestión de reglamentos; por eso, no se puede avanzar en elaborar más reglamentos técnicos [como el de la calidad de los productos], a fin de que solo ingresen productos de calidad”.
Revisar los locales
Lo ideal es que las galerías comerciales, tiendas u otro tipo de espacio que implique afluencia de público sean fiscalizadas, por lo menos, cada dos años. En lo que se refiere a las viviendas, tanto monofamiliares como multifamiliares, deberían ser revisadas por lo menor cada quinquenio.
El comandante Pasalaqua opina que esta fiscalización es imprescindible, pero se necesita una modificación normativa “sin afectar el derecho propio y con base en la seguridad de todos”. De lo contrario, continuarán los incendios que también afectan a los vecinos. Acaba de suceder esta semana en un incendio que se registró en el piso 18 de un edificio en San Borja: los sistemas de seguridad no funcionaron y Defensa Civil no pudo entrar a fiscalizar.
Recuerda que en mayo pasado la Municipalidad de Miraflores suscribió un acuerdo que permite verificar las áreas comunes de edificios multifamiliares. “Si no se toman esos acuerdos, tendremos más catástrofes, muertos y heridos”, alerta.
Capacitación permanente
A este panorama se suma la falta de actualización de los profesionales que fiscalizan. Los especialistas señalan que las normas se actualizan cada cinco años. Solo en el caso de iluminación, la tecnología se renueva dos generaciones cada año.
Si bien no hay suficientes fiscalizadores –se requiere un mínimo básico de 300 horas de entrenamiento–, para los bomberos un buen aliado en la seguridad contra incendios en el país sería el entrenamiento del personal de las municipalidades que trabaje con una lista de lo que se debe contar en un local.
De acuerdo con el comandante Pasalaqua, tanto el CNE como la norma A130 de seguridad para incendios en edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones deben renovarse.
“La norma 130 está durmiendo desde hace año y medio, después de una modificación hecha a solicitud del cuerpo de bomberos y consensuada con los colegios profesionales y organismos de la ciudadanía”.
Este paquete legal surgió tras los desastres de Mesa Redonda y Utopía, en el 2006, y se modificó en el 2018. Para Pasalaqua, “mejora muchísimo la seguridad de las edificaciones, viviendas multifamiliares, negocios, galerías comerciales, ferias, la seguridad en centros comerciales grandes, en oficinas. Todo recibirá un ordenamiento para aumentar la seguridad, tanto en la forma en que se construye como en los sistemas de prevención de incendios que debe haber en el interior”.
Otro punto vital de la norma en espera es que establece límites en el tipo y la cantidad de combustible que pueden tener galerías y ferias comerciales. Al cumplirse el CNE como modificar la norma 130, se disminuiría sobremanera la incidencia de problemas y de incendios eléctricos en el país.
6% Aumentó el número de incendios entre enero y octubre del 2019 en relación con el 2018.