Opinión
Fabián Vallas Trujillo
Periodista
Las ciudades se preparan para una nueva campaña electoral, cuando aún se pueden encontrar visibles las cicatrices de los comicios municipales del 2018: afiches adheridos a las paredes, banderolas de postulantes que aún cuelgan como mudos testigos de sus fracasadas intenciones de ganar el apoyo popular. En este proceso, 2,331 candidatos buscarán ocupar una de las 130 curules del Parlamento Nacional. Solo uno de cada 18 aspirantes lo logrará.
Como consecuencia de la enorme cantidad de postulantes, la contaminación visual es uno de los grandes retos que hoy debemos enfrentar con urgencia. Aunque la ley electoral lo prohíbe, siempre encontramos carteles cerca de monumentos, banderolas que cubren las señales de tránsito o semáforos, débiles paneles de madera que corren el peligro de caerse. Incluso, hay espacios públicos donde se colocan tantos paneles que el mensaje de cada uno de ellos pierde su significado.
Para enfrentar el problema estético de la ciudad, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26856, en su artículo 187 establece que “quedan prohibidos, como forma de propaganda política, el empleo de pintura en las calzadas y muros de predios públicos y privados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo […]” Y en su artículo 193, establece que, concluidos los comicios, los partidos tienen 60 días para retirar o borrar su propaganda electoral bajo la pena de multa.
Además, la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó una ofensiva contra el mal uso de la propaganda electoral. Está prohibido colocar afiches en lugares públicos, postes eléctricos o telefónicos y usar grafitis en lugares privados, sin autorización de los propietarios; 270 fiscalizadores trabajan en las calles desarrollando su labor, mientras que 60 oficinas especiales de esta entidad se abrieron con el fin de recibir las quejas del incumplimiento de las normas señaladas.
Además, los partidos han firmado el Pacto Electoral, cuyo punto 13 garantiza el mantenimiento del ornato del espacio público.
Aún así, de acuerdo con la directora de Fiscalización del JNE, Jessica Clavijo, el gran problema de esta ofensiva del JNE es que las multas colocadas por las infracciones no son canceladas por los partidos políticos y que solo pueden tramitar su judicialización. El problema es más grave, pues la funcionaria reveló que ninguna agrupación ha pagado multa en los últimos procesos electorales.
La razón es muy simple: el JNE no tiene las atribuciones legales para que el pago de la sanción sea coactivo.
Por tal motivo, se requiere con urgencia que se aprueben las iniciativas legales para empoderar a los organismos fiscalizadores con el fin de que se haga un trabajo adecuado y, de esta manera, evitar el vandalismo de la ciudad.
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