Opinión
Ana de Mendoza
Representante de Unicef
El 2020 llegó con la promesa presidencial de acortar las brechas sociales. Importante compromiso en un país en el que nacer y crecer en una comunidad rural o en una ciudad suelen marcar la vida de una persona.
El 4 de setiembre del 2020, el Perú cumplirá 30 años desde que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces se han logrado trascendentales avances en la generación e implementación de políticas y leyes, y una mayor inversión pública que han contribuido a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia y al progresivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Aunque la convención reconoce iguales derechos a cada niña y niño, la realidad es que todavía estamos lejos de que los enunciados de este tratado internacional se hagan realidad. Es verdad que hoy hay menos niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria, que mueren antes de cumplir 5 años y que sufren de desnutrición crónica. Podemos decir con orgullo que prácticamente todos los niños y niñas tienen un documento de identidad (DNI) y aseguramiento de la salud, asisten a la escuela y concluyen sus estudios a la edad adecuada. Lo avanzado es resultado de un trabajo sostenido del Estado, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional, las familias y las niñas, niños y adolescentes.
Gracias a un trabajo intersectorial y al reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos, la primera infancia se va convirtiendo progresivamente en una prioridad de política pública nacional, y se empieza a reconocer al cuidado cariñoso y sensible como una valiosa y efectiva herramienta para la prevención de la violencia, ese mal que tiene a la niñez y adolescencia entre sus principales víctimas.
Como todos sabemos, un número elevado de chicas y chicos se enfrentan a la violencia normalizada en la casa, la escuela, su entorno social y en la red. Las estadísticas nacionales señalan que 8 de cada 10 niñas y niños han sufrido algún tipo de violencia, y el 2019 dejó el saldo de 206 huérfanos menores de edad como consecuencia de 168 feminicidios, cifra que según la Defensoría del Pueblo supera a la del 2018. Probablemente, muchas de estas madres permitieron la violencia porque crecieron en entornos violentos. Para no repetir la historia hay que incorporar y fortalecer la prevención de las violencias en los niveles locales, regionales y nacionales y desarrollar una cultura de respeto a las niñas, niños y adolescentes en el hogar y en la comunidad.
Afortunadamente, el 2019 también nos dejó motivos para la esperanza. La universalización del SIS y la aprobación de la nueva norma técnica para la atención integral de salud de adolescentes, por ejemplo. Confiamos en que, resultado de estas políticas, los servicios se tornen más amigables y pertinentes para las y los adolescentes, y contribuyan a la reducción del embarazo adolescente (14% a escala nacional) y las enfermedades de trasmisión sexual se reduzcan. Y es que si bien el porcentaje de adolescentes afiliados a algún seguro de salud se incrementó de 48.3% a 80.8% entre el 2007 y el 2017, los problemas mencionados no disminuyen.
Esta década ha sido testigo de importantes avances en educación intercultural bilingüe, incremento de la matrícula en los tres niveles de educación básica y la apuesta por una educación inclusiva, pero se mantiene latente el reto de mejorar la calidad educativa.
El 2020, antesala del bicentenario, es una oportunidad para darle a cada niña, niño y adolescente peruano la certeza de que sus derechos son respetados y que el Estado y la sociedad en su conjunto trabajan para generar las oportunidades que ellas y ellos requieren para hacer realidad sus proyectos de vida.