Cobertura
De acuerdo con el tipo de obra que se desee proteger, se puede optar por asegurar a valor total o a primer riesgo. Normalmente, se asegura a valor total en el caso de la infraestructura cuya instalación, en su conjunto, puede ser dañada por la ocurrencia de un siniestro, por ejemplo, un puerto.
La cobertura a primer riesgo se aplica en los casos de las construcciones que no están expuestas a verse dañadas en su totalidad por causa de un siniestro, como sería el caso de una carretera que, debido a su extensión, no es un bien expuesto a pérdida total, por lo que solo se asegura el porcentaje que se estima pueda sufrir daños a causa de los riesgos a los que esté expuesta.
“Nuestro país tiene gran cantidad de inversión en todo tipo de infraestructuras, todas ellas expuestas a riesgos catastróficos de la naturaleza y muchas de las cuales no cuentan con seguros. Tener asegurada la infraestructura puede garantizar regresar de una manera más rápida y segura a la operación normal y recuperación del negocio”, explica.
Una de las políticas del Estado peruano en los últimos años ha sido la de fomentar la inversión privada, cediendo la construcción de obras nuevas o la mejora de la infraestructura ya existente, a cambio de la administración de estos bienes por un período de tiempo.
El gerente líder de la práctica de construcción en Marsh Perú, Óscar Lúcar, explica que las concesiones, como se conocen, son un acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, la posibilidad de ejecutar o explotar determinadas obras públicas de infraestructura, o la prestación de ciertos servicios públicos durante un plazo determinado.
“Esto significa que, si bien el Estado continúa siendo el propietario de la obra, la cede a un particular para que invierta en su construcción y la administre durante un período de tiempo definido por contrato, lapso durante el cual la empresa concesionaria buscará recuperar su inversión”, detalla.
Detalla que para el Estado estas concesiones son una herramienta de gestión.
Por un lado, comenta, permiten que se realicen obras que requieren de grandes inversiones, las cuales son asumidas por el sector privado y, de esta manera, el Estado puede destinar sus recursos a otras obras, menos atractivas para los inversionistas privados por su limitado interés comercial, pero que son necesarias para todos los que se ven beneficiados con ellas.
Por otro lado, la inversión en infraestructura permite que se mejore los servicios de los usuarios, facilita las actividades económicas y contribuye a la creación de puestos de trabajo. Algunas de las obras de infraestructura que se otorgan en concesión son carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, líneas de transmisión eléctricas, entre otras.
Riesgos
Para asegurarlas frente a los riesgos a los que pueden estar expuestas, antes de ser concesionadas el Estado exige la contratación de un seguro que las proteja, aunque, además, las empresas concesionarias también buscan seguros que las amparen frente a posibles pérdidas financieras.
HAY GRANDES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS, TODAS EXPUESTAS A DIVERSOS RIESGOS Y MUCHAS DE LAS CUALES NO CUENTAN CON SEGUROS.
Las principales contingencias frente a las que se busca proteger la infraestructura son los riesgos catastróficos de la naturaleza, como terremotos, maremotos, tsunamis, inundaciones o huaicos, dependiendo del caso.
Por ejemplo, en el caso de las carreteras, los riesgos más frecuentes son las inundaciones y los huaicos, mientras los puertos están expuestos a daños por terremoto, maremotos y tsunamis, refiere la consultora del grupo Marsh Rehder, especialista en Corretaje de Seguros y Administración de Riesgos, con presencia en más de 130 países.
El seguro de Obras Civiles Terminadas (OCT) es aquel que protege las obras de las infraestructuras antes mencionadas y sus principales coberturas son incendio, impacto de rayo, explosión, riesgos de la naturaleza como terremoto, maremoto, tsunami, aludes, heladas, huaicos, vientos huracanados, entre otros.
Esta póliza permite, además, contratar, como cobertura adicional el riesgo político que protege frente a huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. En caso de siniestro, la remoción de escombros también es considerada como una cobertura adicional.
