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ESPECIAL
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Por otro lado, los miembros del JNE que
son elegidos por las universidades públicas
y privadas son designados por los decanos de
las facultades de Derecho entre sus exdecanos.
En cambio, en el CNM los dos representan-
tes de los centros superiores de estudios son
elegidos por los rectores y no necesariamente
son abogados. Alguienpodría explicarme ¿por
qué en el JNE si es obligatorio ser profesional
en leyes y en el ente que elige jueces y fiscales,
no? No existe congruencia. No es un sistema
lo que diagrama el texto constitucional.
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Por último, el representante de los abogados,
en el máximo ente de la justicia electoral, es
elegido por el Colegio de Abogados de Lima
entre sus miembros. Mientras que en el CNM
el representante de la abogacía es elegido a
escala nacional. Otra pregunta más, ¿El Ju-
rado Nacional de Elecciones no tiene acaso
alcance nacional?
Muchos podrán afirmar que estamos com-
parando instituciones de diferentes ADN. Y
tienen razón. Pero lo que pretendemos es un
Sistema de Justicia y, como tal, coherente y
lógico en el texto constitucional.
Patologías legales
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No existe en el país una ley de partidos
políticos que responda a nuestra realidad.
En general, en el país no hay lo que los ame-
ricanos anuncian en sus vías públicas: it´s
the law, algo así como “es la ley”, y se cumple
sin excepciones. Las elecciones internas son
excepcionales. La renovación de cuadros lo
mismo. Más que una estructura partidaria
sólida, hay una suerte de caudillismo que
ha sido la marca registrada de los partidos
políticos en nuestra historia republicana.
La jubilación o muerte del líder político
arrastra a la desaparición de la organización
política. La autoexigencia de los partidos y
su cumplimiento riguroso es una exigencia
que garantizará un salto de calidad en la base
misma de la democracia nacional.
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El financiamiento de las campañas
electorales se mueve entre Escila y Carib-
dis. Entre la enfermiza desconfianza y la
posibilidad de que dinero con olor a lavan-
dería se infiltre en estos ámbitos. Lograr el
punto de equilibrio es fundamental para
cerrar un capítulo eternamente abierto.
La excesiva suspicacia conlleva a ocultar
información; mientras la falta de control
hace que por el agujero de una aguja se filtre
el mar completo.
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Si damos de alta al paciente en las dos
patologías señaladas líneas antes, recién po-
demos sentarnos a debatir sobre el voto pre-
ferencial. Otro camino no sería serio. Sería
un debate circular y árido. Con la garantía de
partidos políticos institucionalizados y una
transparencia en la financiación de campa-
ñas, recién podemos debatir sobre una lista
de candidatos cerrada y jerarquizada o el
actual modelo de voto preferencial. Ambas
posiciones tienen argumentos a favor y en
contra. Ambas posturas las hemos gozado y
sufrido. No nos dejemos caer en una moda
reformista. Analicemos con detenimiento
y técnicamente.
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Por último, la barrera electoral debe ser
una problemática tocada de manera neutral
y con visión amplia. No se puede pensar
en un determinado interés del momento y
coyuntural. Los actores y líderes políticos
tienen un desafío mayúsculo: autocrítica y
autoexigencia. El resultado será una legitimi-
dad que le da brillo y barniz a la democracia.
No hay tiempo que perder si queremos
que la enfermedad electoral no empeore
o que haga metástasis en el organismo
democrático. Acabemos con la patolo-
gía permanente enmateria electoral.
Podemos empezar con los dolores
legales y luego ir por los males y
desencuentros constitucionales.
Hay que aprovechar que todos los
sectores, colores e ideología tienen en co-
mún: un ordenamiento jurídico lectoral
sólido y que responda a los desafíos del siglo
XXI. Crezcamos en una democracia sana
y robusta.
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Calendario
Conmiras a los
comicios regio-
nales y munici-
pales del 2018,
la Comisión de
Constitución del
Congreso aprobó,
por unanimidad,
el dictamen que
reúne tres proyec-
tos de ley sobre
la materia y las
recomendaciones
del Grupo de Tra-
bajo de Reforma
Electoral, referido
al cronograma
electoral Así,
propone unificar
el plazo máximo
a 270 días para
la convocato-
ria a procesos
electorales. En el
calendario vigen-
te el plazo para
elecciones regio-
nales y munici-
pales es de 240
días y para las
generales de entre
150 y 120 días.
Sobre el venci-
miento del plazo
de presentación
de solicitudes
de inscripción,
el cronograma
contempla 90
días para eleccio-
nes regionales,
municipales y
presidenciales,
y 60 días para
elecciones
congresales. La
propuesta unifica
estos plazos a 110
días. También se
incluye al proceso
de democracia
interna de los
partidos, que es
de entre 180 y
130 días antes
de la elección. Se
propone que sea
de 210 a 135 días.
NO HAY TIEMPO
QUE PERDER SI
QUEREMOS QUE
LA ENFERMEDAD
ELECTORAL NO
EMPEORE O QUE
HAGA METÁSTASIS
EN EL ORGANISMO
DEMOCRÁTICO.
ACABEMOS CON
LA PATOLOGÍA
PERMANENTE EN
MATERIA ELECTORAL