Comparemos con la educación médica que también nos concierne a todos. Claramente necesitamos buenos médicos que ayuden a prevenir y curar enfermedades, pero tal vez no sea demasiado difícil decir qué es un buen médico y qué impacto tiene en la sociedad que los médicos sean buenos o no lo sean. ¿Pero qué es un buen abogado? ¿Qué pasa en una sociedad si no tenemos ‘buenos abogados’?
AL RELACIONAR EL DERECHO CON LAS POLÍTICAS Y CON LOS VALORES SE PLANTEA RADICALMENTE CÓMO ENSEÑARLO. NO SOLO CUÁLES SON LOS CONTENIDOS Y MÉTODOS A SEGUIR, LO QUE YA DE POR SÍ ES COMPLICADO, SINO CÓMO DEBE ORGANIZARSE DE MODO INSTITUCIONAL EL PROCESO DE APRENDIZAJE. POR ESO LA EDUCACIÓN JURÍDICA ES TEMA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA.
En el pasado hubo una solución sencilla. Un buen abogado es el que conoce las leyes y sabe aplicarlas. Esta respuesta tiene un supuesto: el derecho sería un conjunto de leyes. La enseñanza del Derecho se convirtió en la explicación de los códigos, considerando que estos eran las leyes más importantes. Una vez conocidas las leyes, aplicarlas era cuestión de un razonamiento simple.
¿Las escuelas de Derecho producían buenos abogados? Los abogados que servían a los dictadores, los abogados a los que no concernían los derechos de los ciudadanos ni el funcionamiento de la justicia fueron productos de escuelas de derecho. Los abogados que veían en sus clientes solo unos proveedores de lucro o en sus cargos públicos o de juez, oportunidades de servir al poder, fueron producto de escuelas de Derecho. Por supuesto, esto puso a pensar a los que tienen la tarea de educar a los abogados y no lo toman como un trabajo más. Por eso educar mejores abogados no es solo un asunto pedagógico.
Hoy sabemos o creemos saber que las leyes son importantes, pero que el derecho va más allá de ellas. Relacionamos al Derecho (y a las leyes) con políticas públicas. Sabemos que el Derecho tiene también valores y que no puede estar al servicio de cualquier política. El Derecho existe para preservar la paz, para proveernos de seguridad, para que se garanticen los derechos de todos y para que haya una armonía que desde antaño llamamos justicia.
Al relacionar el Derecho con las políticas y con los valores se plantea radicalmente cómo enseñarlo. No solo cuáles son los contenidos y los métodos a seguir, lo que ya de por sí es complicado, sino cómo se debe organizar institucionalmente el proceso de aprendizaje. Por eso, la educación jurídica es tema de una política pública. De una muy importante.
Nuestros lejanos antepasados estaban conscientes de la importancia de la educación jurídica. El primer congreso constituyente de Brasil discutió sobre la creación de las escuelas de Derecho y cuál debía ser su currículo de estudios juntamente con la primera Constitución. Estaban conscientes que en esas escuelas se iba a preparar la élite política y que el tema concernía a todos. En casi todos los congresos nacionales de los países de América Latina se discutió si tal asignatura debía o no ser enseñada. Por ejemplo, hubo los que consideraban subversivo el derecho constitucional y no querían que se enseñara en las escuelas de Derecho. O hubo discusiones sobre si determinado libro debía ser utilizado (Los principios de legislación universal de Bentham fue ese libro).
Con posterioridad, esas discusiones se abandonaron porque se consideró que eran las leyes las que tenían que ser enseñadas. Ahora que sabemos que el derecho no es una pura cuestión de leyes, el tema se replantea. Por supuesto, no queremos que las discusiones se produzcan en congresos y nos digan qué enseñar o qué no hacerlo, o qué libros debemos usar, sino más bien que el tema sea objeto de una discusión más general entre personas bien informadas.
En el libro que Gorki González Mantilla ha editado (La educación jurídica como política pública en América Latina, Lima, 2018) se podrán apreciar varios análisis de políticas en materia de educación jurídica en América Latina. Hay países donde se ha entregado el tema a las fuerzas del mercado: que se puedan crear escuelas de derecho más o menos libremente y que cada escuela decida el tipo de abogado que desea producir. Hay otros países que han decidido crear escuelas de derecho para formar los operadores del régimen político que han implantado. No discutiremos aquí los peligros de esas opciones. Afortunadamente no son las únicas. Lo que se propone en este libro sobre las políticas de la educación jurídica es que la conversación se produzca y que las experiencias concretas sirvan de base para la discusión.◗