Derecho
Para tal fin, aprobó una serie de disposiciones destinadas a agilizar, facilitar y fortalecer la programación, formulación y evaluación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el contexto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) y la contratación pública,
En cuanto a la modernización de la gestión de las inversiones públicas, se aplicarán estándares internacionales de dirección de proyectos adaptados al referido sistema, detalla el decreto legislativo.
La norma autorizó, hasta el 31 de diciembre del 2024, a las entidades de los tres niveles de gobierno para que puedan empezar las obras que formen parte de una inversión en el contexto del SNPMGI, con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental en la modalidad A, de aprobación automática con firma de profesionales.
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Esta disposición regirá para las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias en el desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público-privada o de concesión privada; la prestación de servicios públicos esenciales o la ejecución de infraestructura pública.
Estas disposiciones no aplicarán para las obras de edificación y habilitación urbana en bienes inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia declarados por el Ministerio de Cultura, precisa.
El decreto legislativo autoriza también al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a elaborar y aprobar metodologías específicas aplicables a las inversiones en el contexto del SNPMGI, previo acuerdo con las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de los sectores.
Las entidades y empresas públicas sujetas al SNPMGI aplicarán los estándares de dirección de proyectos y recibirán el acompañamiento especializado de la DGPMI, mediante instancias denominadas Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP), de acuerdo con las normas de organización del Estado, bajo potestad y responsabilidad de su titular, y con la evaluación que realicen las citadas entidades y empresas según sus necesidades, indica el decreto legislativo.
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