Gobierno aprueba política general sobre seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática
En un plazo no mayor de siete días, la Oficina de Cumplimiento de la PCM elaborará un informe con la propuesta de prioridades.
El documento será de aplicación inmediata en todas las entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y entidades adscritas, universidades públicas, mancomunidades regionales y municipales y el resto de entidades del Estado.
El eje de seguridad ciudadana comprende la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento del marco legal para la lucha contra la criminalidad y la implementación de la estrategia contra la minería ilegal.
Respecto a la continuidad económica se menciona la atención de emergencias y desastres, el desarrollo regional y competitividad, los fondos sociales en concesiones, la seguridad energética, el fortalecimiento de la educación con enfoque productivo, así como la prevención de controversias en inversiones.
En cuanto a la transición democrática destaca la realización de elecciones generales sin incidentes, el diálogo político para continuidad de las políticas en desarrollo productivo e infraestructura regional y una transición ordenada.
En un plazo no mayor de siete días, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros elaborará un informe con la propuesta de prioridades del Gobierno.
Además, en un plazo no mayor de diez días, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en coordinación con los ministerios, elaborará los indicadores correspondientes a cada eje de la Política General de Gobierno: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática.
Hasta el 31 de mayo se elaborará un reporte de avance y al 15 de julio, previo a la conclusión del presente mandato presidencial, el Ceplan elaborará el reporte de avance e informe final.
También lea en El Peruano
??? El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han implementado un plan de seguridad para hacer frente a las amenazas delictivas contra instituciones educativas de Lima Metropolitana.