El Peruano

Segunda etapa • Año 12 Miércoles 2 de mayo de 2018

La ecologización de los empleos

JAIME ZAVALA COSTA
Jurista. Socio de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría. Exministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
La agenda internacional que los Estados, empleadores y trabajadores han priorizado en estos días tiene como uno de sus temas centrales el cambio climático y su impacto en las relaciones de trabajo. Se parte de reconocer que las empresas conforman complejos tejidos sociales que, hasta ahora, no han estado lo suficientemente vinculados con la preocupación de prevenir y erradicar las consecuencias dañinas al medio ambiente que conllevan las actividades productivas. Así, en la 106ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio del 2017, Guy Rider, director general de la OIT, ha vuelto a poner en escena la llamada “iniciativa verde”, aprobada en el 2013, que afecta profundamente a las economías, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general (1). Esta idea, al cabo de unos pocos años, ha ido calando y se vincula con la iniciativa sobre el futuro del trabajo, que fue objeto de nuestro comentario publicado en esta revista hace unos meses (2).

¿Por qué una iniciativa verde? Los escépticos del cambio climático han cuestionado a esta realidad perceptible para los países que se han visto profundamente afectados en sus economías, en la vida social, empresarial y laboral, en particular. Tal como ha señalado la propia OIT, la “agenda verde” plantea una transición en la que los actores sociales conozcan a conciencia los desafíos y oportunidades que se vislumbran en el mundo del trabajo, manteniéndose la premisa de que el diálogo social es un instrumento de utilidad para afrontar estos dramáticos cambios.

“La iniciativa verde se basa en el existente 'Programa empleos verdes' (3) e integra los programas por país de la OIT y sus resultados estratégicos, a fin de catalizar sus actividades en cuatro grandes ámbitos:

◆ A nivel mundial, refuerza la posición de la OIT como centro mundial de excelencia en lo que se refiere a las implicaciones actuales y futuras para el mundo del trabajo, el cambio climático y la transición hacia una economía más verde.

◆ A nivel nacional, permite que los países adopten e implementen políticas sociales y de empleo en apoyo a los compromisos nacionales sobre cambio climático, utilizando el Marco de políticas para una transición justa y las relativas directrices de política de la OIT.

◆ A nivel sectorial y de empresas, incorpora los valores fundamentales y los enfoques prácticos de la OIT en los marcos políticos de preservación del medio ambiente a niveles mundial, regional, sectorial e industrial.

◆ A nivel de políticas y prácticas de la OIT, mejorará la comprensión de los Estados miembros, los interlocutores sociales, las agencias pertinentes de la ONU y los socios internacionales acerca de la importancia del empleo, la protección social y la equidad para la transición hacia una economía más respetuosa del medio ambiente”.

La preocupación sobre la sostenibilidad ambiental se ha plasmado en la adopción por el Consejo de Administración de las directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Su contenido se vincula con el trabajo decente (4) y busca alcanzar la “ecologización con empleos”. Este empeño se articula con el llamado Acuerdo de París, de diciembre del 2015 (Pacto histórico para el cambio climático). Si bien es cierto que estos esfuerzos han sufrido un revés por el sorpresivo retiro de Estados Unidos de América (decidida por su actual administración de gobierno), lo cierto es que mediante dicho acuerdo internacional se busca mantener el aumento de la temperatura media mundial bajo control, reducir la emisión de gases de invernadero y favorecer la adaptación a las consecuencias del cambio climático.

Partiendo de que “el cambio climático no respeta las fronteras geográficas, como tampoco respeta las fronteras entre instituciones” (5), se busca una articulación interestatal y también, dentro de cada Estado, entre sus diversos estamentos y actores sociales. La metodología del Acuerdo de París propone a cada país que fije sus objetivos nacionales para la consecución de los compromisos de este acuerdo. Se reproducen literalmente los principios rectores sobre los cuales debería regirse la transición hacia unas economías y sociedades ambientalmente sostenibles (6):

◆ Es preciso contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para alcanzarlo. El diálogo social debe formar parte integrante del marco institucional para la formulación y la aplicación de políticas en todos los niveles.

◆ Las políticas deben respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

◆ Las políticas y los programas deben tomar en consideración la clara dimensión de género de muchos de los desafíos y de las oportunidades ambientales. Deberían, de hecho, preverse políticas concretas en materia de género para promover el logro de resultados equitativos.

◆ Las políticas de los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Educación y Formación, y Trabajo deben ser coherentes entre sí, a fin de crear un entorno propicio para que las empresas, los trabajadores, los inversores y los consumidores acepten e impulsen la transición hacia economías y sociedades incluyentes y ambientalmente sostenibles.

◆ Esas políticas coherentes deben también constituir un marco de transición justa para todos con el fin de promover la creación de más empleos decentes e incluso, si procede, prever la repercusión en el empleo y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los desplazamientos, así como el desarrollo de competencias y el diálogo social, incluido el ejercicio efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

◆ No existe una única solución válida para todos. Las políticas y los programas han de elaborarse teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país, como, por ejemplo, su grado de desarrollo, los sectores económicos y el tipo y tamaño de las empresas.

◆ En la ejecución de las estrategias de desarrollo sostenible se ha de fomentar la cooperación internacional entre los países”.


TAL COMO HA SEÑALADO LA PROPIA OIT, LA “AGENDA VERDE” PLANTEA UNA TRANSICIÓN EN LA QUE LOS ACTORES SOCIALES CONOZCAN A CONCIENCIA LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE SE VISLUMBRAN EN EL MUNDO DEL TRABAJO, MANTENIÉNDOSE LA PREMISA DE QUE EL DIÁLOGO SOCIAL ES UN INSTRUMENTO DE UTILIDAD PARA AFRONTAR ESTOS DRAMÁTICOS CAMBIOS.


Glosa final

En la 106ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la memoria del director general de la OIT ha destacado el necesario equilibrio existente entre la lucha contra el cambio climático para el mundo del trabajo y la contribución de su organización para la transición justa hacia la sostenibilidad ambiental, que permita fomentar oportunidades de trabajo decente. En ese sentido, la memoria legada por el más importante funcionario de la OIT en este importante evento ha puesto de relieve que el Perú ya efectuó las consultas públicas con participación tripartita para estos fines. (7) Es previsible que las agendas de lo medioambiental y lo laboral se articulen dentro de la formulación de políticas de empleo, lo que debe ser atendido por todos los interesados en el devenir del mercado de trabajo nacional. Es previsible que en el futuro se aborden estos temas desde la política nacional de trabajo, pues debe hacerse frente a la problemática transversal del cambio climático tanto en lo social como en lo económico y cultural. Como ha informado el director general de la OIT, “es evidente que todos los demás factores que están transformando el mundo del trabajo tendrán igualmente un impacto en el proceso de ecologización, que es necesario llevar a cabo a través de una transición justa” (8).
Directivas para una transición justa

En este apartado me referiré sucintamente a dichas directrices que la OIT formula y que aparecen puestas de relieve en su renovada “iniciativa verde”, destacando algunos temas que pueden tener una mayor repercusión en las relaciones de trabajo en el Perú.

◆ Políticas macroeconómicas y de crecimiento. En este grupo de lineamientos se incluyen acciones coordinadas entre gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores para conformar políticas de crecimiento económico que promuevan modelos de producción y consumo sostenibles. Dichos modelos deberían conceder un papel protagónico al empleo pleno, para lo cual se prevé generar incentivos estatales para que las empresas adopten este enfoque de “desarrollo sostenible”.

Entre estas medidas, se apuesta por incorporar las políticas macroeconómicas sostenibles dentro de los instrumentos de política (planes y estrategias de desarrollo). Por ejemplo, en nuestro país se puede citar aquí a la Estrategia contra la Informalidad que ha adoptado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que (entendemos) puede ser un instrumento de gobernanza totalmente permeable a estas preocupaciones.

◆ Políticas industriales y sectoriales. Dentro de este eje, la OIT destaca la trascendencia del diálogo social como pilar para que el Gobierno nacional fije objetivos de política pública orientados a la mejora continua de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sectores. Esto incluye necesariamente un enfoque sectorial que responda a las características socioeconómicas específicas que se presenten para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, la OIT hace referencia a la posibilidad de utilizar la potestad normativa estatal para regular incentivos estables al desarrollo de los mercados de bienes y servicios en los sectores y subsectores que revisten importancia para la ecologización de las economías (por ejemplo, puede pensarse en la preferencia por la comercialización de productos orgánicos que sustituyan al plástico, extensivamente utilizado en diversas industrias). En ese contexto, la introducción de la agenda del trabajo decente también permite aliviar la previsible crisis que pueden experimentar los sectores, que, precisamente, se ven perjudicados por aquella “transición”.

◆ Políticas relativas a las empresas. En esta parte de las directivas, la OIT alienta a que, por la vía del diálogo social, se otorguen condiciones favorables para que las “empresas ecosostenibles” aumenten su productividad, creen empleo y promuevan el trabajo decente. En nuestro país, esto se entronca con la preocupación gubernamental por combatir la informalidad laboral. Si, como nación, incorporásemos los postulados que la OIT propugna en la "iniciativa verde", tendríamos que apuntar al desarrollo de incentivos financieros y administrativos (de un lado) y a implementar asistencia técnica en la reestructuración de actividades productivas dañinas al ecosistema, a fin de que las empresas de todo nivel se beneficien de estos apoyos y así puedan asumir estas preocupaciones en su vida corporativa. Las empresas deben contar con una política ambiental con la participación de todos sus colaboradores. Las prácticas en el centro de trabajo son un elemento esencial para paliar los efectos del cambio climático.

◆ Desarrollo de competencias. El llamado de la OIT apuntala al factor formativo como un pilar destacado en su iniciativa verde. Dentro de lo que se denomina “ecologización de la economía” se resalta la importancia del desarrollo de competencias armonizadas con las políticas ambientales previamente definidas por el Estado. En ese sentido, interesa enfocar la importancia de que las necesidades del sector empleador –incluyendo a los pequeños y micro empresarios– sean recogidas por los llamados “proveedores de formación laboral”, con el objeto de que sus perfiles y competencias se ajusten a la agenda reformada que la iniciativa verde propone.

◆ Seguridad y salud en el trabajo. Las directivas plantean que los gobiernos lideren las evaluaciones de los riesgos existentes o potenciados por el cambio climático. Esto apunta a alinear las previsiones normativas con los nuevos riesgos presentados, generando una colaboración más estrecha entre los organismos encargados de la salud y el medio ambiente en el trabajo. Por otro lado, la OIT demanda que el Estado plantee un enfoque coherente e integrado entre los problemas medioambientales y la prevención de riesgos laborales, temas que hoy en día en el Perú no están necesariamente conciliados. Un dato de interés tiene que ver con la necesidad –expresamente declarada– de abordar los efectos del trabajo informal en la seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el cambio hacia la economía formal en actividades relacionadas con la ecologización de la economía. Esto es un terreno virgen en nuestras relaciones de trabajo, pudiendo aprovecharse un espacio de diálogo social tripartito especializado en la prevención de riesgos ocupacionales, como es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

◆ Protección social. Para el Perú, quizá este es el ámbito de las directrices que plantea estándares más ambiciosos. La OIT resalta que los sistemas de salud, de seguridad y servicios sociales deben cumplir con proteger a la población contra los efectos de crisis económicas y ambientales. En este caso, la transición hacia economías ambientalmente sostenibles generará como resultado indirecto que ciertos sectores se vean afectados, como el de hidrocarburos y petróleo. Para tales casos, se deben prever medidas de contingencia y protección. El llamado de la OIT, asimismo, apunta a considerar a la población trabajadora en general como grupo susceptible de ser afectado más gravemente por los efectos del cambio climático y de los desafíos inherentes a la transición hacia economías ambientalmente sostenibles. En ese marco, la OIT invita a la innovación en las formas de protección social, lo que podría suponer seguros públicos contra los efectos del cambio climático o mecanismos de apoyo a hogares con bajos ingresos, que gastan una proporción relativamente más elevada de sus ingresos en energía y en bienes y servicios, que llevan aparejados un elevado consumo energético.

◆ Políticas activas del mercado de trabajo. En esta faz regulatoria de la iniciativa propugnada por la OIT, se tiene como meta facilitar la transición laboral en los cambios económicos y culturales hacia economías ambientalmente sostenibles, facilitando el acceso a los puestos de trabajo y fortaleciendo la empleabilidad y la capacitación profesional. En estas acciones se priorizaría al grupo de personas en desempleo y a los sectores afectados por el cambio climático, la degradación de los recursos y el cambio estructural. Así, en el país, este grupo podría estar mayoritariamente referido (de forma no excluyente) al segmento de la economía informal.

De esa manera, se remarca la importancia de capacitar a la población, mediante proveedores de servicios de empleo, en ocupaciones y oportunidades empresariales concretas en el marco de la economía verde. Se deben sumar a la mayor cantidad de aliados que puedan servir como agentes de transición, ya que esta labor no puede ser únicamente abordada por el Estado, máxime si se reconocen limitaciones en su actuar sobre el mercado de trabajo. Este eje se articula con el anterior (sobre “protección social”) al preverse la introducción de políticas activas en material de empleo, como, por ejemplo, subsidios a trabajadores para que accedan a educación en competencias profesionales que mejoren su empleabilidad. ◗



[1] Coincidimos con lo señalado por el director general de la OIT, quien ha destacado que la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013) adoptó una resolución y un conjunto de conclusiones relativas al desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes, […], que expusieron un marco de políticas para una transición justa OIT. Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. OIT, Ginebra, 2015, p. 3; [2] Vid. “Entendiendo el Futuro del Trabajo (2017). Un importante mensaje de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)”. Análisis Laboral¸ febrero de 2017, Lima, pp. 9-11 (artículo escrito en coautoría con Luis Mendoza Legoas); [3] En nuestra región es destacable el caso de Uruguay, país donde la creación de “empleos verdes” ha sido promovida por el Estado con instrumentos ambientales, fiscales y culturales que se han insertado en la política educativa y laboral de forma decisiva. Junto con ello, el papel de la sociedad civil y del sector privado (a través de su demanda de servicios y oferta de productos y servicios ambientalmente sostenibles). Sobre el particular, consúltese en: Mariela Quiñones Montoro. Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso uruguayo. Montevideo, OIT, 2016; [4] Sobre el particular, las directrices expresan que “Los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente –diálogo social, protección social, derechos fundamentales en el trabajo y empleo– son componentes indispensables del desarrollo sostenible que deben ponerse en el centro de las políticas encaminadas a lograr un crecimiento y un desarrollo sólidos, sostenibles e incluyentes”. Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. OIT, Ginebra, 2015, p. 4; [5] Guy RIDER. Trabajo y cambio climático. Memoria del Director General. Informe I. OIT, Ginebra, 2017, p. 17; [6] Ibíd p. 6-7; [7] Guy RIDER. Ob. cit. p. 15; y, [8] Ibíd. p 19.