Los Estados de la región fueron añadiendo progresivamente en sus cuerpos jurídicos el principio, el cual resultó tan innovador como la incorporación de la prueba del ADN en las legislaciones civiles de familia. The best interest of the child, o el mejor interés para el niño, ha sido reconocido como un principio rector en el sistema interamericano de derechos humanos. Al respecto, la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva N° 17 señaló: “La expresión ‘interés superior del niño’, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
Por otro lado, el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en la Observación General N°14 dispuso: “Los Estados tienen la obligación de respetar y poner en práctica el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial”.
Dicho principio, respecto a su aplicación por los sistemas de administración de justicia nacionales de la región latinoamericana en materia de familia e infancia, fue evolucionando progresivamente desde la década de 1990. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el concepto es complejo, y su contenido es universal e individual, el primero como precepto de obligatorio cumplimiento para todos los operadores de justicia, y el segundo como aplicación de manera individual a cada niño para la satisfacción de sus intereses y necesidades, según la circunstancia que lo amerite.
Carlos Villagrasa afirma que el principio del interés superior del niño se presenta como un concepto jurídico indeterminado, que necesita ser concretado en cada situación específica. Con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley se refiere a una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo que está claro es que intenta delimitar un supuesto concreto que admite ser especificado en el momento de su aplicación.
En otras palabras, en estos supuestos la norma no nos ofrece la solución directa de cada caso, de tal modo que esta debe ser buscada acudiendo a criterios de valor o de experiencia, según la naturaleza del concepto. Respecto a lo manifestado, resulta de interés la promulgación de la Ley N° 30466 en el Perú. Esta definió los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Respecto a la aplicación de garantías procesales por los jueces especializados, indica el derecho del niño a expresar su opinión, con los efectos que la ley le otorga; la determinación de los hechos, con la participación de profesionales capacitados para evaluar el interés superior; la percepción del tiempo, por lo cual se evita la dilación en los procesos y procedimientos; la argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración primordial del interés superior; los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los niños y, finalmente, la evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración a los derechos del niño. ◗