Adicional a los 86,000 internos recluidos en las cárceles del país, existe una población compuesta por más de 18,000 personas que gozan de libertad y reciben atención psicológica, social y legal en los 37 establecimientos de la Dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
En la Constitución Política del Perú, artículo 139, numeral 22, se hace mención al principio de resocialización, que va más allá de un aspecto meramente punitivo o de castigo, pues implica que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad.
Para tal efecto, el tratamiento que proporciona el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no solo se realiza al interior de los penales, sino también en los recintos extramuros, centros poco conocidos por la comunidad, a los cuales se les denomina establecimientos de medio libre y que hoy están cobrando gran importancia por su impacto en la sociedad.
Supervisiones y evaluaciones
En los casos de conversión de la pena en aplicación del Decreto Legislativo N° 1300, solo la obtienen los sentenciados a pena privativa de la libertad, a razón de siete días de prisión por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.
Este grupo que cumple el resto de su condena en libertad debe presentarse al medio libre más cercano para registrarse periódicamente y recibir tratamiento. Mediante supervisiones y evaluaciones, los profesionales penitenciarios remiten sus informes al juez, quien confirma su progresión o regresión en el tratamiento recibido.
En caso de cometer un nuevo delito sancionado con una pena no menor a 3 años, la autoridad puede revocar la libertad del sentenciado y ordenar nuevamente su reclusión en un centro carcelario.
En su día a día, el medio libre debe supervisar, controlar y proporcionar tratamiento para lograr la resocialización, una suerte de reconciliación positiva con la sociedad de aquellos que infringieron las leyes, pero que ahora vuelven a sus familias y comunidades como mejores personas, con menores probabilidades de recaer en el delito.
En el Código de Ejecución Penal también se señala que debe aplicarse un tratamiento penitenciario mediante “un sistema progresivo”, es decir, se inicia con los internos en los centros penales con intervenciones en las áreas de educación, trabajo, psicología, legal y servicio social, y continúa aplicándose a la población del medio libre mediante los programas de intervención focalizada Focos [1], Capas [2], Reto [3], No más problemas [4], así como los talleres multidisciplinarios para el resto de participantes.
Población atendida
La población extramuros del Inpe llega a 18,397 personas y está constituida por los “liberados”, personas a las que la autoridad judicial les concedió los beneficios penitenciarios de semilibertad (5,420) y liberación condicional (1,449).
Por otro lado, están los sentenciados a penas limitativas de derechos en sus dos variantes: 1) prestación de servicios a la comunidad que constituyen un importante número con 10,858 personas y 2) limitación de días libres, solo 7 a escala nacional.
Finalmente, están los sentenciados a otras penas o medidas alternativas a la privativa de libertad, entre los cuales tenemos: a) los que se encuentran en período de prueba con reserva del fallo condenatorio (184 personas), b) suspensión de la ejecución de la pena (421 personas), c) los que hayan accedido a la conversión de la pena (48) y otras figuras legales futuras, como la vigilancia electrónica personal (11 con grillete electrónico).
Restricción de beneficios
El tratamiento progresivo se ha visto reforzado con el Decreto Legislativo N° 1296, con el cual se han realizado cambios sustanciales respecto a la concesión de los beneficios penitenciarios.
Estos ahora solo se conceden a internos ubicados en la etapa de mínima o mediana seguridad, del régimen cerrado ordinario, pues anteriormente era irrelevante la etapa en la que el interno se encontraba.
Esto es importante, pues conmina a los internos a “progresionar” en su tratamiento dentro del recinto carcelario, y posteriormente también lo harán cuando pasen al medio libre, asegurando una continuidad en su rehabilitación con un consiguiente cambio de conducta positiva.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA GARANTIZA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SALUD DE TODOS LOS CIUDADANOS, INDEPENDIENTE-MENTE DE SU SITUACIÓN JURÍDICA. NO INTERESA SI SON INTERNOS PRIMARIOS O REINCIDENTES.
Servicios a la comunidad
Una herramienta legal importante para el medio libre ha sido el Decreto Legislativo N° 1191, que afecta a 10,858 personas, sentenciadas a prestación de servicios comunitarios. El Inpe ha comprobado que no existe mejor terapia que el trabajo a favor de la sociedad. Es una forma de justicia restaurativa que cura heridas y gana el favor de la población.
Por ejemplo, en los 37 medios libres que funcionan en el país se han organizado jornadas de limpieza en calles y mercados con cuadrillas de sentenciados. Las autoridades judiciales han constatado que el trabajo en beneficio de la comunidad es real y se animan a aplicarlo.
Por medio de esta ley se ha establecido el procedimiento por seguir, desde la presentación del sentenciado ante el medio libre, su evaluación y ubicación en una unidad beneficiaria (colegio, comisaría, parroquia, hospitales, etcétera.) y, finalmente, el procedimiento de control de las jornadas de trabajo, lo cual era muy difícil de realizar.
[1] El programa Focos (Fortaleciendo Competencias Sociales para Liberados) está orientado a fortalecer las habilidades sociales para una convivencia pacífica en personas que egresan de los establecimientos penales con beneficios de semilibertad y liberación condicional. Busca que los participantes entrenen estrategias para afrontar conductas de riesgo delictivo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.
[2]El programa Capas (Capacidades personales para afrontar situaciones de riesgo con éxito) se propone mejorar en las personas intervenidas las capacidades para identificar los riesgos de transgredir la ley, así como desarrollar estrategias para afrontar estos riesgos con éxito.[
[3] El programa Reto (Retomando eficacia, tomando oportunidades) tiene por objetivo entrenar a sus participantes en las competencias personales y sociales para que puedan enfrentar con éxito la conducta de riesgo del consumo de drogas; asimismo, se propone promover adecuadas relaciones familiares y fortalecer sus capacidades laborales.
[4] El programa No más Problemas se centra en enseñar a pensar y en desarrollar habilidades para relacionarse bien. Está orientado a dotar de habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, así como la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
