El agente transformador

BALDO KRESALJA

Jurista. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de Número de la Academia Peruana del Derecho.

Se acaba de publicar entre nosotros un importante libro de ensayos intitulado La educación legal como política pública en América Latina (Palestra, 2018), que reúne trabajos de profesores de países como Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Perú, bajo la dirección y coordinación del profesor Gorki Gonzales Mantilla, de la PUCP.

La importancia de la educación legal puntualizada en los ensayos reside, entre otros aspectos, en su reconocimiento como política pública, entendida esta como acciones deliberadas del Estado para intervenir con el propósito de hacer frente a los problemas que esa educación puede generar en la sociedad, recordando que las políticas públicas deben valorarse por su impacto en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas en la sociedad en que viven.

Así, pues, el propósito de los ensayos es poner en evidencia en qué medida influye la educación legal en el comportamiento de la administración de justicia, la divulgación y respeto de los derechos individuales, la interpretación que se realice de la ley y de la ética profesional y de su influencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas. La enseñanza del Derecho tiene una vinculación directa en la propuesta de solución de problemas relacionados genéricamente con la justicia y específicamente con la corrupción, la igualdad de género, la diversidad cultural y el funcionamiento gubernamental de cada país.

Los valores constitucionales

Los ensayos ponen de relieve que el verdadero papel de la enseñanza del Derecho no es la reproducción de conocimientos dogmáticos, sino un agente transformador de la realidad que haga posible que las actividades jurídicas respondan a los valores constitucionales universales. En ese sentido, Manuel Gómez pone de relieve la importancia de la promoción de la educación interdisciplinaria del Derecho y de la necesidad de conocer la ley en su vinculación con asuntos de gran impacto social y político, y con casos vinculados a la protección de los derechos humanos, el medioambiente y las necesidades de consumidores y usuarios.

La enseñanza del Derecho, afirma Noemí Anci, tiene importancia porque los abogados no solamente hacen práctica de su profesión, sino que también en muchos casos se convierten en funcionarios públicos o en asesores de políticos y de empresas mercantiles con una presencia importante en la vida económica del país. Desde otra perspectiva, Paula Siverino trata sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la enseñanza, buscando erradicar el sexismo académico, respetar la paridad y fomentar la presencia de mujeres en los concursos docentes. Por su parte, Javier Corso pone en evidencia los distintos niveles de exigencia entre las facultades de Derecho de un mismo país, pues ello conlleva la existencia de niveles muy distanciados en habilidades profesionales, formación humanística y obtención de empleo.

En su ensayo, Rogelio Pérez destaca las dificultades que atraviesa la enseñanza en Venezuela por la intromisión de directivas gubernamentales que hacen que los textos constitucionales y legales transformen rápidamente su sentido y lleva a una tarea incesante para buscar una interpretación que resulte políticamente aceptable por el régimen autoritario. Ello ha producido malestar en el ambiente académico-jurídico venezolano, lo que pone en evidencia a un régimen político que desconoce los principios fundamentales del orden jurídico.

Gorki Gonzales afirma que la enseñanza del Derecho se presenta como una actividad de carácter político que influye en la forma en que se relacionan los valores de la Constitución y los derechos o la aptitud de estos para realizarlos, poniendo de relieve su valor instrumental para configurar el contenido de la cultura legal, es decir, en la definición del sentido atribuido a los derechos y a los valores que ellos implican en su actuación. Teniendo presente la realidad peruana, plagada de numerosas facultades de Derecho de bajo nivel, precarias en más de un sentido, acierta al señalar que la profesión legal implica más que la adquisición de destrezas para hacer frente a las exigencias del mercado o responder a las necesidades de los grupos de poder, que con el formalismo tradicional caracteriza a la enseñanza en muchas de las nuevas facultades de Derecho en el Perú. De ahí que insista en la necesidad de acreditar a las facultades y universidades, buscando que los abogados aspiren a cumplir una función transformadora de la realidad, enfrentando problemas jurídicos con conocimientos y destrezas específicas, pero con conciencia de su articulación a los valores de la democracia como un todo.

Por todo lo anterior, consideramos que este conjunto de ensayos al que nos hemos referido tiene una actualidad que exige su lectura y comprensión.◗