Los profesores de derecho y la política

INGRID DÍAZ CASTILLO

Abogada. Doctora y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España). Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.

El impacto de las facultades de Derecho en las sociedades contemporáneas como instituciones poderosas e influyentes en diversos ámbitos —como la política, la economía y la judicatura— es un rasgo particular de muchas sociedades alrededor del mundo [1]. No obstante, esta influencia no se produce en todos los casos de forma institucional y unificada, sino que, muchas veces, se canaliza mediante sus principales actores; es decir, los abogados que egresan de las facultades, y, primordialmente, los profesores que enseñan en ellas.

A partir de ello, es posible afirmar que los profesionales del Derecho constituyen la imagen y representación de sus propias facultades, y, en ese sentido, queda evidente que la manera como se enseñe el Derecho en una determinada facultad incidirá directamente en la forma en que se produzca, interprete, y aplique el Derecho, es decir, el modo en que se reproduzca la propia cultura jurídica de un país.

Perspectiva diferente

En este escenario se hace imprescindible, desde una perspectiva distinta, estudiar y analizar uno de los espacios esenciales en los que se reproducen las metodologías de enseñanza jurídica. Me refiero a las facultades de Derecho, que tienen, como parte de sus principales funciones, el diseño de los currículos y los objetivos de aprendizaje, pero, sobre todo, la responsabilidad de formar a los futuros abogados y abogadas que ejercerán la profesión jurídica, no solo con los conocimientos aprendidos a lo largo facultad, sino también, y principalmente, con los valores y enfoques adquiridos durante su aprendizaje.

En particular, la fuerte influencia que los profesores de Derecho puedan ostentar sobre la política depende de una cultura jurídica que haya pasado por un proceso de transformación que evidencie la necesidad de sacar al académico de su mundo de abstracción, para llevarlo al ámbito de la política aplicada. Esta transformación no es más que el efecto de una relación clara que se repite en muchas democracias contemporáneas: que ciertas decisiones tomadas dentro de la administración pública pueden afectar la forma en que los profesores aplican, utilizan, investigan, conciben y enseñan el Derecho. De ahí la necesidad de que ellos participen en la construcción de distintas formas de influir en la política.

SE HACE IMPRESCINDIBLE, DESDE UNA PERSPECTIVA DISTINTA, ESTUDIAR Y ANALIZAR UNO DE LOS ESPACIOS ESENCIALES EN LOS QUE SE REPRODUCEN LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA JURÍDICA. ME REFIERO A LAS FACULTADES DE DERECHO, QUE TIENEN, COMO PARTE DE SUS PRINCIPALES FUNCIONES, EL DISEÑO DE LOS CURRÍCULOS Y LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

En el caso peruano en particular, por ejemplo, existe una cultura jurídica que concibe a los abogados sobre todo como técnicos jurídicos especializados en ramas específicas del Derecho; situación que se evidencia en el tipo de formación que se imparte en las facultades, en el perfil de los profesionales en las firmas de abogados, y en la forma en que los profesores de Derecho participan en la administración pública.

En todos estos escenarios, el abogado es, ante todo, un técnico del Derecho, y en tanto tal, su participación en el sector público, en general, tiende a verse como valorativamente neutral, políticamente poco comprometida, y en muchos casos, ajena a la realidad social.

Esta situación amerita entonces que se impulse un proceso de transformación de la cultura jurídica peruana que tenga en cuenta la situación social del país —históricamente constituida—, y que produzca efectos en la manera en que los abogados se relacionan con lo público.

No obstante, tal como lo anota Graham, “la dificultad está en identificar un nivel y un modo de compromiso [político en los profesores de Derecho] que les permita ejercer la mayor cantidad posible de influencia sin afectar la reputación en general de su profesión como un cuerpo de buscadores de la verdad” [2]. Tomando esta afirmación para el caso concreto de los docentes peruanos de Derecho, es importante considerar lo siguiente: Si bien no podemos hablar de una fórmula o modelo que los profesores deban adoptar para interactuar en la política, sí es fundamental tratar de encontrar puntos intermedios mediante los cuales los profesores puedan imbuirse en ella sin que se pervierta la finalidad principal de su realización profesional: participar en la constitución o el cambio de la realidad social a fin de incrementar la calidad y la efectividad de su producción académica, la cual se exterioriza por intermedio de la investigación y la enseñanza. ◗

* Algunas ideas de este breve ensayo han sido desarrolladas con mayor profundidad en: Ancí, N. (2018). “Sobre la relación entre los profesores de Derecho y la política en el Perú”, en Gonzales, G. (ed.), La educación legal como política pública en América Latina, Lima: Palestra, pp. 99-120. [1] Uno de los casos más emblemáticos de esta situación son las facultades de Derecho en Estados Unidos. Ver: Pérez Lledó, J. A. (1992). “La enseñanza del Derecho en los Estados Unidos”, Doxa, 12, pp. 41-93. [2] Graham, K. (2002). “A moment in the Times: Law Professors and the Court-Packing Plan”, Journal of Legal Education, 52 (½), p. 166.