El punto de partida de los autores resulta fundamental en la actualidad. Ciertamente, las propuestas académicas de las facultades de Derecho en América Latina no necesariamente están dirigidas –o incluyen– directrices para la formación de estudiantes comprometidos con los problemas de su entorno. En realidad, en la mayoría de los casos, la enseñanza del Derecho está destinada a la práctica profesional para exclusivo beneficio particular, con lo cual la razón de ser del Derecho se ha distorsionado y, con ello, su capacidad como herramienta para atender demandas sociales.
En ese contexto, los autores abordan las medidas que deben implementarse desde la enseñanza del Derecho con el objetivo de cambiar la cultura jurídica en América Latina. Al respecto, se remarca la importancia de incorporar el componente ético como eje transversal en las mallas curriculares de las facultades de Derecho, la creación de clínicas jurídicas para acercar a los estudiantes a los problemas de su realidad y la incorporación del enfoque interdisciplinario, en el cual se comprende –por ejemplo– el enfoque de género.
Las propuestas planteadas por los autores resultan, sin duda, de vital importancia. En cuanto al componente ético, los estudiantes de Derecho deben internalizar que su formación está destinada al servicio a la justicia, por lo que el ejercicio que hagan de su profesión debe orientarse a ese fin y no a la imposición de intereses que afecten derechos fundamentales o menoscaben el Estado Constitucional.
Por esa razón, el Código de Ética de los Abogados vigente en el Perú señala que la abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las personas, la consolidación del Estado de derecho, la justicia y el orden social, y la probidad e integridad de la conducta de los abogados es el eje central para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.
Por su parte, la creación de clínicas jurídicas en las facultades de Derecho enriquece el aprendizaje de los estudiantes, pues orienta la labor jurídica al servicio a la comunidad. Las clínicas son espacios en los cuales un profesor de Derecho discute casos de interés público con los estudiantes, con el objetivo de intervenir en los mismos presentando amicus curiae o informes jurídicos, a fin de aportar elementos técnicos sobre el tema en controversia. De esta forma, los estudiantes aplican los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas para la resolución de casos reales y se acercan a los problemas que enfrenta la sociedad.
En esa línea, la importancia de la incorporación del enfoque interdisciplinario en la enseñanza del Derecho radica en que los problemas actuales que deben afrontar los abogados no requieren para su resolución únicamente de una visión normativa, sino que también necesitan incorporar otros elementos que les permitan comprender con mayor claridad el fondo del problema.
Un caso claro de lo antes anotado, se observa en la utilidad del enfoque de género para resolver cuestionamientos respecto a la diferencia salarial entre hombre y mujeres, el acceso a puestos de trabajo de alto rango o el acceso a la educación.
Si el Derecho no entiende los límites establecidos por las construcciones sociales, representadas por los estereotipos de género, no podrá dar soluciones reales a los problemas enunciados. Por ello, el enfoque de género también debería ser una materia transversal en las facultades de Derecho y los profesores deberían incorporarlo en el análisis de sus respectivas materias.
Esto último resulta necesario en el ámbito del Derecho Penal, rama que sanciona delitos como el feminicidio o la violación sexual, tipos penales que no pueden interpretarse ni aplicarse sin enfoque de género. Ciertamente, para comprender que matar a una mujer por su condición de tal implica causarle la muerte por el quebrantamiento o la imposición de un estereotipo de género, se requieren elementos adicionales a los propios de la Teoría del Delito. Lo mismo sucede con la práctica recurrente de desestimar denuncias por violación sexual, basada en el comportamiento social o sexual de la víctima no ajustado a estereotipos de género. En esa línea, no es menos importante que los estudiantes conozcan los límites de la incorporación de la perspectiva de género en el Derecho Penal, sobre todo, para analizar propuestas legislativas que plantean la creación de nuevos delitos sin estudiar su necesidad político criminal o su impacto en el sistema de justicia.◗