–A la fecha, son 335 proyectos los que se vienen ejecutando mediante este mecanismo por cerca de 4,000 millones de soles durante los últimos 10 años. Se trata de proyectos que se realizaron en 20 de las 25 regiones del Perú.
En cuanto al número de personas, se beneficiaron 11 millones de peruanos. El 43% de los proyectos pertenece al sector Educación, en su mayoría construcción de colegios que incluye equipamiento, tecnología y capacitaciones a los docentes.
¿En qué consiste el sistema de Obras por Impuestos?–Es un mecanismo mediante el cual las empresas entregan una obra por el valor del impuesto a la renta (IR), y a cambio se les devuelve un título de la inversión que solo puede usarse para el pago del IR. Por ello lleva el nombre de Obras por Impuestos.
Pero la devolución solo ocurre cuando se entrega la obra y esta cumple con satisfacer los requerimientos del sector público, tanto en términos de calidad como en los plazos de entrega.
–¿A qué obedece este tipo de estrategias?–Una de las razones que llevó al Estado a implementar este tipo de mecanismos es que al estar en manos privadas el tiempo de ejecución de las obras es más corto.
Por ejemplo, en el caso de inversiones en infraestructura el tiempo para contratar a la constructora es menor. Además, según nuestra experiencia, la empresa privada ejecuta la obra con niveles de calidad superiores y en tiempos más reducidos, pues es la más interesada en que se les devuelva la inversión lo antes posible.
–¿Las obras están ya establecidas por la autoridad pública?–El que decide qué proyectos se harán bajo el mecanismo de OxI es el sector público. Los privados juegan un papel muy importante, pero se tiene una lista de obras que la autoridad ha priorizado ejecutar mediante ese sistema.
También se cuenta con la iniciativa privada, en la que la empresa puede presentar una idea y planteársela al gobierno local, regional o un ministerio del sector del que depende el proyecto a ejecutar.
Sin embargo, la iniciativa, al ser presentada por el sector privado, tiene una calidad de petición de gracia, en la cual el Estado la aceptará si cree que está en sintonía con sus objetivos; si no es así, puede rechazarla.
–En la actualidad, el sector que lidera las obras en ejecución es el de Educación, lo que muestra que estamos evolucionando, pues si esa misma pregunta me la hubieran hecho hace solo un par de años hubiera contestado que el rubro transporte encabezaba las prioridades porque se podían observar más inversiones para vías, puentes y carreteras. Hoy las obras están dirigidas a educación, le siguen transporte, saneamiento, salud y seguridad ciudadana.
–¿Cómo evitar que las obras terminen cubriendo las necesidades del propio sector privado y no las de la población?–Como mencionaba, el sistema contempla lo que llamamos la iniciativa privada. Aceptarla o no queda en manos del gobierno local, regional, del ministerio o de la universidad pública.
Otro punto de control es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe. Mediante esta plataforma, todo proyecto de inversión pública tiene que demostrar no solo una viabilidad financiera, sino también social.
Si observamos esto último, podremos darnos cuenta de que la viabilidad social evalúa si el proyecto que se ejecuta realmente beneficia a la población. Todo ello se evalúa mediante Invierte.pe.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República emite un pronunciamiento, que implica un informe previo antes de que se lance el concurso de OxI.
–¿Qué pasa cuando una empresa o bien no entrega una obra o no cumple con los estándares de calidad?–Ese es un punto muy importante, los que se acojan al mecanismo de OxI deben saber que solo se les devolverá la inversión si la obra cubre las expectativas de la entidad pública que requiere la inversión.
La empresa privada tiene que demostrar que cumplieron con el plazo y con las cualidades establecidas en el convenio firmado con el Estado. Y si ocurre una demora o se descubren deficiencias, la empresa es penalizada; en el caso de que se trate de una obra totalmente deficiente, no se devuelve la inversión realizada.
–¿Qué tipo de penalización cabe a quienes incumplen?–Puede ser un tema financiero ejecutando la garantía, pues como cualquier otro convenio que se firma con el Estado supone la entrega de una garantía. También puede penalizarse no devolviendo la inversión realizada, de manera que el Estado se encuentra protegido.
–¿Hay casos de empresas que hayan sido penalizadas?–Sí, hay algunos casos de empresas que han incumplido el plazo, pero son muy pocos. En la práctica, la empresa privada y el Estado tienen espacios muy grandes de diálogo, y debo destacar que las empresas tratan de cumplir cabalmente su labor.