Fiscal supremo titular. Presidente del Consejo Directivo de la Amag.
La Academia de la Magistratura (Amag) es la única entidad del Estado que tiene la función constitucional, establecida en el artículo 151 de la Carta Magna, de formar y capacitar a los magistrados del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP), en todas sus jerarquías.
Desde sus inicios, la Amag se ha abocado a brindar una enseñanza diferenciada, con estándares elevados e internacionales, con un contenido curricular adecuado a la labor de los jueces y fiscales, con el fin de mejorar sus capacidades jurídicas.
Nuestra labor también abarca la formación de los aspirantes a convertirse en magistrados, abogados o auxiliares jurisdiccionales y asistentes en función fiscal, los que reciben capacitación con la misma exigencia, para asegurar que en el futuro podamos encontrarnos con administradores de justicia de calidad.
Sin embargo, más allá de la formación técnica, cualitativa y científica que reciben nuestros jueces y fiscales y aspirantes a la magistratura en la Amag, es necesario que reciban, paralelamente a estas capacitaciones, la impartición de aspectos morales, éticos, axiológicos, que perfilen su conducta en el sistema de justicia.
Proyectos de ley
Por ello, la Amag elaboró dos proyectos de ley. El primero sobre la restitución de la obligatoriedad del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados (Profa), para lo cual se propone introducir una modificación en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que permita regresar a la propuesta original del artículo 22 de la Ley N° 26397, antes de su declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional (TC).
Más allá de dar respuesta a los cuestionamientos del TC, basados en los principios de igualdad, proporcionalidad, entre otros, la Amag busca atender los reclamos y demandas sociales por una magistratura de mayor calidad, con una seria orientación axiológica basada en criterios de justicia.
Por otro lado, se tiene el proyecto de ley que modifica la Ley N° 26335, Ley Orgánica de la Amag, y el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, para modificar el objeto y estructura de la Amag, así como incorporar a esta entidad entre las instituciones que tienen la capacidad de organizar cursos y programas de posgrado y otorgar grados de maestro y doctor en nombre de la Nación.
Esta atribución de otorgar títulos de posgrado estaría referida únicamente en función del servicio de administración de justicia en general y, específicamente, en los temas vinculados con la función judicial y fiscal, los que no son de interés comercial para el sistema educativo universitario, con el cual no se pretende competir.
Adicionalmente, el acceso a estos estudios estaría limitado a las personas vinculadas con el PJ y el MP, las cuales necesitan capacitación en temas especializados que no se ofrecen en el mercado educativo de posgrado.
La idoneidad
Aun con los cambios de los titulares en las entidades que integran el ANJ, es ahora cuando se debe seguir con la sinergia que nos lleve no solo al fortalecimiento de la institucionalidad de estos organismos, sino también a atender las demandas de la ciudadanía por la mejora de la calidad del sistema de justicia peruano. Mirar hacia diferentes horizontes será perjudicar lo que se ha avanzado hasta el momento en este espacio de coordinación. Los dos proyectos de ley descritos son el aporte de la Amag a ese mejoramiento que anhelamos en el sector Justicia, los cuales pretenden la idoneidad de nuestros magistrados.
Acuerdo por la justicia
En noviembre del 2016, la Amag suscribió el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), buscando el espacio propicio que necesita esta institución, al igual que el PJ, MP, Consejo Nacional de la Magistratura y Ministerio de Justicia (organismos que también lo conforman) para fortalecerse entre sí con el objetivo de mejorar el sistema de justicia, cada uno desde sus funciones e iniciativas.
El lunes 7 de mayo pasado, el ANJ dio un primer paso en el logro de nuestro objetivo al aprobar la propuesta elaborada por la Amag, Reforma de la Enseñanza del Derecho desde la Perspectiva del Servicio Público de Justicia, la cual plantea que se incorporen en el currículo de los dos últimos años del plan de estudios de la carrera de Derecho, en las universidades públicas y privadas, cursos electivos dirigidos a optar por la acreditación de “especialista judicial y asistente en función fiscal”. El objetivo es contar con profesionales bien preparados no solo académicamente, sino también en temas éticos y morales para cuando asuman funciones en el servicio público de justicia. Es necesario que las facultades de Derecho orienten su enseñanza hacia la formación de magistrados con mayor calidad e idoneidad. Por ello, haremos posteriormente la convocatoria para un trabajo estrecho y coordinado con el ANJ. ◗
