Se evidencia, por tanto, un fortalecimiento de la política de gobierno electrónico, que desde el 2016 viene desarrollándose en este poder del Estado, de forma sostenida y coherente, generando además una optimización de los recursos limitados con que cuenta el Poder Judicial, cuando no una política responsable en lo ambiental, por la restricción, verbigracia, del insumo más importante, que es el papel.
No son, por tanto, medidas aisladas; se trata de un paquete de productos tecnológicos interoperables, que revela el lugar que en la agenda de la institución ocupa modernizar el sistema de administración de justicia, con el uso adecuado y sostenible de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); así tenemos la implementación a escala nacional del certificado de antecedentes penales electrónico, del sistema de notificaciones electrónicas en todas las cortes del país, incluidas las salas de la Corte Suprema de la República, el sistema de control biométrico de procesados y sentenciados libres, el remate judicial electrónico, el sistema de audiencia por videoconferencia, el depósito judicial electrónico, el embargo electrónico.
Esta política se robustece, además, con la puesta en marcha del plan piloto en la Corte Superior de Justicia de Lima (en las especialidades comercial, laboral y tributario y aduanero) del ambicioso proyecto del expediente judicial electrónico.
Como sostiene José de la Mata Amaya, en el Curso de Especialización del Despacho Judicial: 2004; pág. 3, la aplicación de las TIC en el ámbito de la administración de justicia son políticas públicas concebidas intencionalmente para procurar nuevos servicios a los ciudadanos, un mayor grado de accesibilidad a la justicia, una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos judiciales, una mayor transparencia en los procesos y una mayor participación de los ciudadanos.
Sin embargo, se es consciente de que ninguna propuesta de implementación y puesta en marcha de productos tecnológicos puede hacerse desde y hacia el Poder Judicial, pues siempre será necesaria la colaboración o interoperabilidad de las instituciones de la administración pública, como parte de una política global de gobierno electrónico liderado por quien, en un Estado democrático gestiona la hacienda pública, permita –como sostiene la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007– “la oportunidad de dar respuesta plena al reto de conseguir una gestión pública más eficiente y de establecer pautas de colaboración entre administraciones públicas” (Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007, párrafo 24; citado por Criado, Gascó y Jiménez, en Bases para una estrategia iberoamericana de interoperabilidad; pág. 4).
Por otro lado, siendo la interoperabilidad un aspecto esencial del éxito en la implementación de las TIC, una medida adecuada de cada institución involucrada sería, por ejemplo, crear de modo específico unidades de interoperabilidad con capacidad técnica y administrativa para llevar adelante proyectos tecnológicos que generen sencillez en la realización de trámites por el litigante o usuario del sistema de administración de justicia.◗