El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
ALLAN WAGNER TIZÓN
Excanciller. Expresidente de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Embajador. Presidente de la Asociación Civil Transparencia.
Una de las medidas que consideramos prioritarias en la discusión de la Comisión Consultiva para la Reforma Judicial fue establecer un mecanismo que impulse al más alto nivel los cambios que requiere el sistema de justicia, que es una tarea a mediano plazo e involucra a diversas instituciones y reparticiones del Estado. Y es que las experiencias previas de reforma demostraron la falta de monitoreo de las políticas y acuerdos.
En efecto, no es la primera vez que el sistema de justicia ha sido materia de análisis. Entre los esfuerzos que se han realizado tenemos el emprendido por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia-Ceriajus (2004), que aprobó un Plan Nacional para la Reforma Integral de la Administración de Justicia.
Dicho plan destacaba que “es indispensable proveer de mecanismos posteriores de seguimiento e implementación de las medidas de reforma, dentro del marco constitucional y respetando la autonomía de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos”. No obstante ello, la Ceriajus careció de un mecanismo articulador que realizara el seguimiento respectivo.
En ese marco, el Poder Ejecutivo, a raíz de la grave crisis que afecta actualmente el sistema de justicia, presentó en sede legislativa el proyecto de ley N° 3166/2018-PE, que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que tiene como objetivo impulsar, coordinar esfuerzos, hacer el seguimiento y reportar públicamente los resultados de las decisiones, políticas públicas y acciones inmediatas adoptadas o por adoptarse en el ámbito de la reforma del sistema de justicia.
El Consejo estará encabezado por el presidente de la República e integrado por el presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el defensor del Pueblo. El contralor general de la República ha hecho conocer su interés de integrarlo.
Además, cuenta con una Secretaría de Coordinación a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y con el apoyo de un consejo técnico, el cual se encargará de elaborar los planes y programas de reforma en sus respectivas instituciones, conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ceplan.
Asimismo, cuenta con la participación de la sociedad civil, a fin de que pueda coadyuvar con sus aportes en las sesiones del consejo para la reforma o en el consejo técnico.
Esta medida se encuentra acorde con la Política de Estado N° 28 del Acuerdo Nacional, que señala la importancia de promover la institucionalización de un sistema de administración de justicia, respetando la independencia y autonomía de las entidades que la conforman. Asimismo, en la experiencia comparada, existen mecanismos de coordinación interinstitucional en Colombia y Paraguay, por medio de entidades tales como Misión Justicia (2016) y Comisión Nacional para Reforma de la Justicia (2014).
En definitiva, con la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se viabilizará la continuidad de una política de Estado y la adopción de acuerdos que tengan sostenibilidad en los ámbitos político y técnico, a fin de consolidar los cambios que la ciudadanía demanda para tener un sistema de justicia honesto y eficiente. ◗
