Importancia de la reforma judicial

VICENTE ZEBALLOS SALINAS

Abogado. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Congresista de la República. Con estudios de postgrado en España.

Hace unos meses, el Gobierno tomó la firme decisión de dirigir una reforma política y judicial en nuestro país. Esta última se encuentra en curso, todavía a paso lento. Somos conscientes de que los avances significativos que hemos propuesto y en los que estamos involucrados requieren aún de más procesos para tener una justicia eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sobre la reforma del sistema de justicia, con los proyectos presentados, se busca mejorar los mecanismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, promover la transparencia en la administración de justicia, mejorar el diseño del Ministerio Público enfocado en temas penales y con una fiscalía especializada anticorrupción, promover la probidad y la ética entre los abogados, así como crear un órgano que pueda sostener estas reformas, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

En ese sentido, los aportes que puedan plantear las demás entidades estatales y la sociedad civil serán indispensables para consolidar una propuesta más integral y deliberada. Pero, para que ello pueda concretarse, es necesario explicar y difundir los alcances de la reforma judicial que hemos planteado, así como la justificación de esta.

I. El papel de la justicia en la sociedad y su importancia en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia; por ello, un sistema judicial estructurado de manera adecuada para garantizar el desempeño de esta función resultará ser imprescindible para el sustento y fortalecimiento de dicho sistema.

A modo de conclusión

Es fundamental que el Congreso de la República debata y apruebe oportunamente las iniciativas presentadas para enfrentar esta crisis y avanzar en la construcción de institucionalidad de nuestro país. Pero, para que la reforma del sistema judicial sea posible, es necesario contar con la participación y constante de los actores del sistema de la justicia para que planteen reformas legales, políticas públicas y líneas de acción que permitan el pleno acceso a la justicia de la mayor parte de la población, independientemente de barreras territoriales, culturales, lingüísticas o de cualquier otro tipo. Por ello, estos proyectos de reforma judicial están abiertos a los aportes que pudieran fortalecer la administración de justicia para acercarnos a una reforma integral en el menor tiempo posible. Nuestra preocupación es apoyar las reformas impostergables que permitan una justicia cercana y eficiente, para todos y todas.

En efecto, quienes imparten justicia tienen confiados los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por ello, como rasgo esencial de un Estado Constitucional, resulta primordial que los jueces ejerzan sus funciones de manera independiente e imparcial para garantizar, de esa manera, la legítima expectativa de justicia que tiene la población.

Adicionalmente a ello, los jueces deben contar con todas las condiciones para lograr este objetivo, tal como recursos humanos, logística y un presupuesto adecuado.

Esta relevante tarea que el Estado democrático atribuye al Poder Judicial implica el cumplimiento de una serie de obligaciones inexcusables de todos los poderes estatales y la sociedad; sin embargo, uno de los principales obstáculos que la justicia ha atravesado, y que lamentablemente sigue padeciendo, es la corrupción.

La corrupción es un fenómeno con tal nivel de desagregación y sobreexposición que ha generado una percepción generalizada de su incidencia a todo nivel institucional. En el caso del sistema judicial, los audios que han salido a la luz han dado cuenta de la crisis a nivel de integridad; sin embargo, somos conscientes de que la preocupación sobre esta problemática no ha nacido en estas semanas, sino que ha habido constantes esfuerzos para mejorar la administración de la justicia en el Perú.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA, CON LOS PROYECTOS PRESENTADOS, BUSCA MEJORAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MEJORAR EL DISEÑO DEL MINISTERIO PÚBLICO ENFOCADO EN TEMAS PENALES Y CON UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN, PROMOVER LA PROBIDAD Y LA ÉTICA ENTRE LOS ABOGADOS, ASÍ COMO CREAR UN ÓRGANO QUE PUEDA SOSTENER ESTAS REFORMAS, EL CONSEJO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA.

La crisis del sistema judicial también responde a temas de accesibilidad, sobrecarga procesal, demora procesal, falta de independencia de los jueces, entre otros. Por ello, en nuestra historia democrática ha surgido constantemente la necesidad de la reforma judicial, que hoy más que nunca resulta apremiante.

Como se mencionó, han existido esfuerzos para mejorar o reformar el sistema de justicia. Uno de los principales ha sido la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), que tuvo como objetivo elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, con el que se planteó una propuesta global y concertada de reforma de la administración de justicia en el Perú.

De acuerdo con esta comisión, se puede dividir en ocho áreas los temas urgentes de la crisis del sistema judicial: acceso a la justicia; políticas anticorrupción; modernización de los despachos jurisdiccional y fiscal; recursos humanos; gobierno, administración y presupuesto; predictibilidad y jurisprudencia; justicia penal; y adecuación normativa.

Con el mismo objetivo, el 2 de noviembre del 2016, las instituciones vinculadas con el sistema de justicia, esto es, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, la Academia de la Magistratura, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmaron el Acuerdo Nacional por la Justicia, espacio de coordinación y colaboración para mejorar la calidad de estos servicios al ciudadano y enfrentar de manera conjunta a la corrupción.

II. Las reformas del sistema de administración de justicia presentadas por el Poder Ejecutivo.

La reforma judicial es un asunto de vital importancia, y el Poder Ejecutivo no ha sido ajeno a ello. Por eso, como parte de su iniciativa legislativa, se remitió al Congreso un proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y siete proyectos de ley vinculados con la reforma judicial. Dichas iniciativas se pueden resumir de la siguiente manera:

◗ Ley de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (Proyecto de Ley N° 3159/2018-PE): Se propuso establecer un mecanismo de elección meritocrático que garantice transparencia, publicidad e idoneidad de los consejeros electos. Este proyecto fue debatido en el ámbito parlamentario y finalmente aprobado por el Congreso de la República, creándose así la Junta Nacional de Justicia.

◗ Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (Proyecto de Ley N° 3166/2018-PE): Se propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia para impulsar, coordinar esfuerzos, hacer el seguimiento y reportar públicamente los resultados de las decisiones, políticas públicas y acciones inmediatas adoptadas o por adoptarse en el ámbito de la reforma del sistema de justicia.

◗ Ley que crea el Sistema Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público (Proyecto de Ley N° 3165/2018-PE): Se busca tener un órgano máximo especializado para combatir la corrupción y los delitos contra la administración pública desde el Ministerio Público.

◗ Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público (Proyecto de Ley N° 3161/2018-PE): Se propone crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público, la cual asumiría las funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI).

◗ Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial (Proyecto de Ley N° 3160/2018-PE): Se propone la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial, la cual asumiría el rol de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), aunque con funciones y reglas de actuación más rigurosas.

◗ Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía (Proyecto de Ley N° 3164/2018-PE): El proyecto contiene una serie de principios, reglas y disposiciones de probidad, integridad, ética y buenas prácticas aplicables a la enseñanza del derecho en los programas de pre- y posgrado del país y al ejercicio de la abogacía en los diferentes ámbitos de práctica, así como a su permanente difusión, control y disciplina por intermedio de los Colegios de Abogados del Perú.

◗ Ley que modifica los artículos 16 y 28 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley del proceso contencioso administrativo (Proyecto de Ley N° 3162/2018-PE): La propuesta tiene por objetivo eliminar la intervención del Ministerio Público en todos los procesos contencioso-administrativos, con el fin de agilizar los procesos en beneficio de la población.

◗ Ley que incorpora el Título VI Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura al TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Proyecto de Ley N° 3163/2018-PE): Se busca elevar los niveles de transparencia en el ámbito del sistema de justicia proponiendo introducir obligaciones expresas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que las instituciones judiciales divulguen mayor información en sus portales institucionales sobre cómo administran justicia y sobre la trayectoria de vida y los fallos de los magistrados.

Las propuestas expuestas aseguran la independencia y autonomía de los jueces y fiscales, la transparencia y publicidad de las actuaciones de las entidades involucradas en el sistema de justicia, una idoneidad de los órganos encargados de la designación, ratificación, sanción y destitución de los jueces y fiscales, lo que coadyuva a asegurar el derecho a la justicia de la población.◗